El Tribunal Constitucional tumba de facto la Ley que pretendía reconocer y reparar a las víctimas de la violencia del Estado de entre los año 1978 y 1999

El Estado vuelve a demostrar que no permitirá ninguna iniciativa que ponga en cuestión su relato. La Fundación Egiari Zor continuará trabajando a favor de que ni una sola vulneración de derechos quede sin reconocer.

El pasado 10 de mayo, el consejo de ministros del Gobierno de España tomó la decisión de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 12/2016, invalidando en la práctica su puesta en marcha. Así, se bloqueó la pequeña oportunidad surgida de brindar reconocimiento y reparación a las víctimas de la violencia ejercida por parte del Estado entre los años 1978 y 1999.

El Gobierno Vasco presentó alegaciones a esta decisión, basándose en las tesis de que: la Ley está redactada acorde a los criterios que el derecho internacional especifica; que la seguridad jurídica que ofrecía era total; y que la puesta en marcha de este tipo de Ley es competencia exclusiva de la CAV. Pese a todo, el Tribunal Constitucional tomó la decisión el pasado 10 de Octubre de mantener en suspenso los artículos recurridos.

Con esta decisión, el Estado Español vuelve a demostrar una vez más que, prefiere valerse de toda su maquinaria jurídica para ocultar la verdad y dar continuidad al conflicto que reconocer su responsabilidad. Ni hacer, ni dejar hacer. Y en este caso, no existe, como se empeñan en señalar, invasión de competencias, ya que el objetivo único de la Ley es el reconocimiento y la reparación, y no el casatigo. Reconocer que se ha torturado; reconocer que la Policía ha practicado la violencia; que ha existido la guerra sucia, pone en entredicho el relato oficial, y saca a la luz la impunidad protegida durante años y años. Y esto es inconcebible para aquel que ni siquiera reconoce la existencia de un conflicto político en Euskal Herria, para aquel que está dispuesto a imponer su relato a la fuerza.

Desde la Fundación Egiari Zor consideramos que ha llegado la hora de ser ambiciosas. La jurisdicción internacional determina que todas las víctimas tenemos el mismo derecho a la verdad y a la reparación. Ha llegado la hora de dar una respuesta a todo aquello a lo que no han sabido responder ni la justicia ordinaria, ni proyectos de Ley mediocres. Es hora de redactar y poner en marcha una nueva Ley integral de reconocimiento y reparación que tome en cuenta todas las vulneraciones acaecidas desde el 1936 hasta el día de hoy: para ofrecer el mismo apoyo a todas las víctimas; sin plazos temporales que delimiten el reconocimiento; y sin límites para interponer solicitudes.