Las víctimas mortales causadas por ambos Estados son 366.

1. Víctimas mortales causadas por agentes del Estado: 219

2. Víctimas mortales causadas por la guerra sucia: 79

  • Asesinatos cometidos usando la sigla GAL: 29
  • Asesinatos cometidos usando otras siglas (BVE, GAE, Triple A…): 38
  • Asesinatos no reivindicados: 8
  • Desapariciones forzosas: 4

3. Víctimas mortales provocadas por la aplicación de medidas políticas de carácter excepcional: 64

  • Provocadas por la dispersión de prisioneros: 16.
  • Provocadas por la política penitenciaria de excepción: 35
  • Provocadas por la deportación: 9
  • Inducciones al suicidio: 4

4. Víctimas mortales de “incontrolados” de extrema derecha: 4

Además, ha de ser tomado en cuenta que al menos otras 115 personas más han perdido la vida en diferentes circunstancias vinculadas al conflicto político-armado (enfrentamientos armados, accidentes, etc.).

A tenor de los estándares internacionales estos sufrimientos no pueden ser considerados vulneraciones de los derechos humanos. Sin embargo, en opinión de la Fundación Egiari Zor, para superar de una vez por todas el conflicto político que ha sufrido y sufre Euskal Herria, es imprescindible conocer y tener en cuenta el sufrimiento que estas muertes han generado.


88 víctimas han sido reconocidas, tan solo el 24,04% del total

  • 35 de las 219 personas que han sufrido la violencia de los agentes del Estado han sido reconocidas como “víctimas de la violencia policial” (Decreto 107/2012 de la CAV, de entre los años 1960-1978). Otras 5 personas son reconocidas por el Ministerio del Interior Español como "víctimas del terrorismo", pero existen dudas sobre la autoría. En total, los casos reconocidos son tan solo el 18,2%.
  • 46 de las 79 personas asesinadas por la guerra sucia han sido reconocidas  como “víctimas del terrorismo” por el Ministerio del Interior Español (Ley 29/2011 del Estado Español, Ley 32/1999 de Estado Español o Ley 4/2008 de la CAV). Es decir, tan sólo el 58,2%. La autoría de dos casos no está clara.
  • 2 de las 64 personas muertas por aplicación de medidas políticas de carácter excepcional has sido reconocidas por instituciones locales, pero ninguna de forma oficial.
  • 2 de las 4 personas muertas a consecuencia de ataques fascistas y de extrema derecha han sido reconocidas por el Ministerio del Interior como víctimas del terrorismo (Ley 29/2011).

Además, el Estado Español ha impedido en numerosas ocasiones posibles acciones de reconocimiento y de verdad a estas victimas, como por ejemplo:

  • Negativa a equiparar las indemnizaciones de las víctimas del Estado ya reconocidas como víctimas del terrorismo.
  • Recurso contra la Ley 16/2015 de la Comunidad Foral de Navarra que pretendía reconocer a las víctimas de la violencia policial.
  • Mantenimiento en vigor de la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales.
  • Investigaciones judiciales escasas o entorpecidas.
  • Condecoraciones e indultos a funcionarios públicos que han violado en sus funciones derechos humanos.