TERRORISMO DE ESTADO: STOP IMPUNIDAD! Tras 4 largas décadas, es hora de conocer toda la verdad

En el acto celebrado en la Plaza Nueva de Hernani hemos reivindicado que no vamos a permitir que se sigan negando las violencias ejercidas por parte del Estado para alimentar un relato concreto de forma interesada. Exigimos que se ponga luz sobre esos crímenes y que se asuman las responsabilidades para poder continuar construyendo la convivencia.

Cuatro décadas de terrorismo de Estado han marcado la historia de nuestro pueblo, de decenas de familias y miles de personas. Una historia de violaciones, secuestros, torturas, desapariciones forzosas y asesinatos cometidos bajo el amparo del Estado, que es terriblemente incómoda para quienes se empeñan en imponer una visión parcial de lo sucedido durante las décadas de confrontación violenta.

Incómoda, porque contradice su relato parcial sobre lo ocurrido, deja en evidencia la indecente discriminación que sufrimos sus víctimas y enaltece la impunidad de sus crímenes. Terrorismo de estado e impunidad: las dos caras de una misma moneda.

Han pasado ya más de 40 años desde que ese terrorismo de Estado asesinó al donostiarra Justo Elizaran. Lo tirotearon cuando se dirigía a su lugar de trabajo el 13 de septiembre de 1979, y falleció en el hospital de Baiona tal día como hoy, con sólo 24 años. Es por ello que hoy hemos querido recordarlo en esta Plaza Berria de Hernani, y mandamos nuestro más cálido abrazo a su familia e hijos.

Pero Justo no fue la única víctima del terrorismo de Estado. Son decenas los nombres y apellidos de las víctimas mortales, tras los cuales siguen existiendo sufrimientos y graves vulneraciones de derechos humanos que continúan todavía sin reconocimiento ni reparación.

En el trágicamente conocido como “triángulo de la muerte”, el Batallón Vasco-Español, una sigla más tras la que se escondió la guerra sucia practicada por el Estado, asesinó entre 1979 y 1981 al menos a siete personas: José Ramón Ansa, Tomás Alba, Felipe Sagarna, Miguel Arbelaiz, Luis Mari Elizondo, Joaquín Altimasbere y Francisco Javier Ansa.

Desgraciadamente, estas muertes, no fueron el final de la violencia que el Estado practicó en Hernani y alrededores: David Salvador, Rafael Goikoetxea, Iñaxio Astiasuinzarra, Carlos Saldise, María José Bravo, Jose Kamio, Martín Sagardia... La lista es demasiado larga. Nuestro más sentido recuerdo para todos ellos.

En total, 78 son las vidas arrebatadas por la guerra sucia y el terrorismo de Estado en Euskal Herria.

Los aparatos de Estado se valieron de la guerra sucia para atentar contra personas refugiadas vascas y contra militantes de izquierda o abertzales. Fue el Gobierno de Franco quien lo formuló, y el de UCD quién autorizó aquella primera guerra sucia, con la creación de los grupos como ATE, GAE, Triple A, Batallón Vasco-Español... Más tarde llegaría el GAL, creado y financiado con dinero público allá por el 1983, siendo Felipe Gonzalez Presidente del Gobierno por el PSOE.

Ningún partido político, ningún gobierno ha asumido todavía su responsabilidad sobre estos gravísimos hechos.

No existe víctima sin victimario. Aquellos que practicaron y posibilitaron el Terrorismo de Estado tienen nombres, apellidos y siglas. Tienen responsabilidades.

Pero ninguna institución publica ha extendido todavía ninguna petición de asunción de responsabilidades a nadie: ni al Estado español, ni a los cuerpos policiales, ni a los responsables políticos de los asesinatos de nuestras familiares.

Y ya es hora de hacerlo. Es hora de aclarar las responsabilidades directas e indirectas de estos crímenes.

No podemos permitir que se pase de soslayo sobre la gravedad que supone que desde los poderes del Estado se haya utilizado el terrorismo para asesinar y vulnerar derechos humanos impunemente y que, además, continúen negándonos el derecho a saber toda la verdad. Porque numerosos episodios continúan aún bajo el yugo de la desinformación que posibilita la Ley de Secretos Oficiales franquista.

Exigimos que, de una vez por todas, se deroguen esas leyes y se desclasifiquen los documentos oficiales; que se ponga luz sobre los crímenes y las responsabilidades que nunca fueron asumidas; que se encare con honestidad democrática la realidad del terrorismo de Estado.

Hoy, estamos en un momento en el que diversos sectores ideológicos del Estado español y de Euskal Herria han iniciado una carrera contra reloj para escribir de forma unilateral y absolutamente parcial el relato de lo ocurrido en las últimas décadas.

Queremos expresar, alto y claro, que no vamos a permitir que se sigan negando las violencias ejercidas por parte del Estado en el contexto del conflicto para alimentar un relato concreto de forma interesada. Es necesario valerse de la misma vara de medir a la hora de abordar las consecuencias de la violencia política, sin hacer categorizaciones dependiendo del origen de la violencia.

Deseamos que las vidas arrebatadas a nuestros seres queridos sirvan para desarrollar una nueva cultura ética que haga de la sociedad vasca un espacio donde el respeto a los derechos humanos de todas las personas sea el punto de partida.

Verdad, reconocimiento, justicia y reparación para todas las víctimas. Verdad, para que esas muertes sirvan para garantizar que nada así volverá a suceder.