Mañana se cumplen 42 años de la muerte de Joxe Arregi como consecuencia de las brutales torturas sufridas. Sus últimas palabras “ha sido muy duro” están grabadas con fuerza en la memoria de la sociedad vasca desde entonces. Este día es una cita anual en la agenda de nuestro pueblo para recordar a quienes como Joxe perdieron la vida como consecuencia de las torturas padecidas a manos de agentes policiales; y para defender y reclamar los derechos de las miles de personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos como la tortura.

Desde el franquismo hasta anteayer, la tortura ha sido un mecanismo vigente para ejercer la violencia de Estado en el contexto del conflicto político vasco, independientemente del perfil político del Gobierno, el color del cuerpo policial o el contenido de los tratados internacionales firmados.

Al menos 5379 de los casos de tortura ejercidos contra la ciudadanía vasca cuentan ya con sello oficial. Los informes realizados tanto en la CAPV como en Navarra ponen de manifiesto que estamos ante un crimen sistemático nunca sancionado, llevado a cabo durante años en las comisarías de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Ertzaintza.

Sin embargo, todas sabemos que la verdadera dimensión de la tortura supera ese número y que incide más allá de una terrible cifra.

Es impensable que la tortura se haya perpetuado a lo largo del tiempo, que en el contexto del conflicto político la hayan sufrido distintas generaciones vascas, sin que esta formase parte de una estrategia de Estado bien diseñada; Era fundamental, por tanto, para que esta práctica ilegal se mantuviera durante décadas, garantizar que se pudiese actuar con impunidad.

Hace cinco años que, por mandato del Gobierno Vasco, el Instituto Vasco de Criminología de la UPV/EHU elaboró un informe de investigación sobre tortura en la CAPV que vino a establecer la verdad oficial sobre esta cuestión. Mas el contenido del informe nos muestra además que queda todo un camino aun por recorrer y proveer de medios. Sin embargo, los responsables de las Instituciones de este país han preferido dejar el informe guardado en un cajón, como si fuese la culminación de sus obligaciones en esta materia.

Para nosotras, no cabe duda de que la cruda radiografía que aparece en el informe debe ser un acicate para acabar con la totalidad de consecuencias generadas por la tortura, y esto exige tomas decisiónes y activar mecanismos.

Creemos que las medidas a adoptar para acabar con amplia dimensión de la tortura son todavía muchas, fundamentales para garantizar que no vuelva a repetirse y en orden de dotar a la comunidad de personas torturadas de un nivel de reconocimiento y reparación integral e igualitaria.

Las supervivientes de la tortura tenemos mucho que decir sobre esta cuestión y los que lamentablemente la sufrimos en nuestros cuerpos, sabemos que la tortura no sólo afectó a nuestro pasado, sino que sus consecuencias son parte de nuestro día a día y se proyectarán a futuro si no se toman medidas para transformar la situación que la hizo posible. Entre otras:

• Desmantelar la estructura que ha posibilitado el ejercicio de la tortura.

• Derogación del régimen de detención incomunicada.

• Desaparición de las fuerzas armadas del Estado español del territorio de Euskal Herria.

• Llevar a cabo una profunda reflexión sobre un modelo policial adaptado a parámetros democráticos.

• Suspensión del uso procesal de la tortura, analizando y corrigiendo con retroactividad sus consecuencias.

• Recursos para la reparación integral individual y colectiva de los supervivientes. Incluidos programas específicos de restauración de las heridas producidas por las lógicas patriarcales y heteronormativas dentro del fenómeno de la tortura.

• Esta perversa manifestación de violencia institucional, mató a 14 personas en este país, a las que se les debe un reconocimiento expreso y diferenciado.

• Sin más demoras, nuestra realidad debe formar parte de las políticas públicas de memoria.

También es necesario que nuestros victimarios y los responsables políticos que los apoyaron asuman de una vez las responsabilidades que les corresponden.

Ningún partido político, ningún Gobierno ni Institución ni vasca ni estatal, ha realizado una declaración de reconocimiento del daño causado.

Confrontar con el fundamento democrático sobre el que un Estado ostenta el monopolio de la violencia legítima, no debe ser fácil.

Pero creemos que ha llegado el momento de hacerlo.

Pedimos al Gobierno del Estado español y al Gobierno Vasco que hagan una declaración inequívoca de asunción de responsabilidades y reconocimiento del daño causado.