Desde aquel “oso latza izan da” pronunciado por Joxe Arregi el 13 de febrero de 1981, poco antes de morir a causa de las graves lesiones producidas por las torturas a las que fue sometido, se denuncia la aplicación de la misma contra ciudadanas vascas como parte de la estrategia represiva del Estado Español. Año tras año se recuerda a quienes nunca volvieron de aquel infierno. También a las miles de personas, mujeres y hombres que, desgraciadamente, pasaron por ese calvario.
Este año la conmemoración cobra especial relevancia. Tenemos ya entre nuestras manos el informe realizado por el IVAC-KREI en colaboración con el Gobierno Vasco y la UPV-EHU, que ha sabido recoger y evidenciar científicamente aquello que la sociedad vasca conoce desde hace largas décadas: en este país se ha torturado sistemáticamente y en un entorno de total impunidad. Y se reconoce así, además, bajo el sello oficial del Gobierno Vasco.
La radiografía es aterradora: 4.113 casos de torturas a, por lo menos, 3.415 personas. Es el claro testimonio de un crimen, impune y sistemáticamente perpetrado durante al menos cinco décadas en las comisarías de Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza. Pone de relieve como todos los que pudieron acabar con esta lacra, miraron hacia otro lado: jueces, forenses, políticos, medios de comunicación, permitiendo así que esta aberración contraria a los derechos humanos y a la dignidad humana haya continuado viva, activa. Se menciona expresamente, además, que la realidad es bastante más amplia de lo que se ha podido recoger, y que se trata de un trabajo aún inconcluso.
Desde la Fundación Egiari Zor, reivindicamos que conocer lo ocurrido es la mejor garantía para evitar la repetición del dolor sufrido. Por aterradora que resulte, es imprescindible conocer la verdad: la que a unos incomoda, quizá por nunca haber asumido responsabilidades; y la que a otras dignifica y repara en lo personal y en lo colectivo. Tratar de prohibir que se lleve a cabo la segunda parte de la investigación, en este caso en Nafarroa, retrata precisamente a aquellos responsables que ansían tapar con versiones oficiales la triste realidad producida en las comisarias a cargo de funcionarios del Estado, todos dependientes del ministerio de interior del gobierno de España.
Es por ello que, este informe, debe servir para reconocer el sufrimiento de las miles de personas que han padecido la tortura desde la época de la dictadura hasta nuestros días y para poner a su disposición mecanismos de reparación. Pero sobre todo, debe servir para garantizar que nadie más, en ninguna comisaría, será nunca de nuevo sometido a esta crueldad. Y en ese sentido, la puesta en marcha de mecanismos efectivos que lo eviten es imprescindible. La sociedad en su conjunto ha de tomar cartas en el asunto.
Hemos comprobado que la publicación de un trabajo de investigación de estas características tiene un efecto reparador de inmenso valor en las victimas. E incluso se hace justicia mediante el mismo. Porque la verdad que reconoce este informe acaba con el negacionismo que ha posibilitado la tortura y acaba con el doble sufrimiento que han padecido las víctimas: el de haber sido torturadas, primero, y el de haber sido tachadas de mentirosas, después.
La verdad en su conjunto, también la verdad de las personas torturadas, ha de ser tomada en cuenta al relatar lo ocurrido en el seno del conflicto vasco. Es el momento de reconocer y reparar a todas y cada una de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, para que no existan más días como este. Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para todas ellas.