Apelamos al Gobierno del Estado Español, a que realice una declaración inequívoca de asunción de responsabilidades

No necesitamos condenas genéricas que eximen a muchos de su responsabilidad.

A tenor del contenido de la entrevista realizada por El País, al que fuera ministro de interior del gobierno de Felipe González, José Barrionuevo, las víctimas de aquellos actos orquestados desde el Estado representadas por la Fundación Egiari Zor, queremos trasladar a la opinión pública nuestra valoración.

En primer lugar agradecer la vorágine de reacciones de rechazo expresadas por la mayoría política y social de Euskal Herria ante la justificación pública de crímenes de Estado contra nuestros familiares; Reacciones, las de la clase política e institucional, que hemos echado de menos en numerosas ocasiones y que sin duda hoy acogemos de manera muy positiva.

No es nueva la carga humillante que contienen las palabras del ex ministro, no es nueva la revictimación que nos produce, el daño gratuito o la indefensión que nos genera. Desgraciadamente esta es la tónica que venimos padeciendo el conjunto de víctimas de la violencia de Estado, cada vez que personajes de esta índole aparece en la escena pública para justificar lo que hicieron. Algunas de nosotras estamos ya curadas de espanto, es tan reiterativo que supera lo indecente.

Las declaraciones del Sr. Barrionuevo, a nivel informativo no aportan nada que no supiéramos, aunque debemos destacar el carácter épico que se desprende de sus palabras y gestos. Actitud esta, derivada de la convicción de quien se sabe impune y se vanagloria de haber practicado el Terrorismo.

En esta cuestión observamos un cambio de paradigma, si antes la negación era el recurso, negar cualquier participación o responsabilidad en actos terroristas, hoy la estrategia trata de blanquear y legitimar el terrorismo practicado desde los aparatos de Estado. Es terrible, desde la perspectiva democrática de un Estado de Derecho.

Barrionuevo asume de manera inequívoca responsabilidades delictivas por las que nunca ha sido juzgado. Reconoce haber ordenado el secuestro de José María Larretxea Goñi. Un intento de secuestro llevado a cabo por 4 policías españoles que abortó la Gendarmería Francesa el 18 de octubre de 1983. A penas dos días después del secuestro de Lasa y Zabala.

Reconoce lo que llevamos denunciando décadas, que el Estado a través del Gobierno de Felipe González utilizó el terrorismo y la Guerra Sucia. Que bajo sus órdenes actuaban como ejecutores miembros de las FSE y mercenarios a sueldo, a los que se refiere como compañeros que disparan desde su trinchera.

Sobra decir, que sobre esta cuestión debería actuar de oficio la Fiscalía, como debió actuar cuando el ex presidente Felipe González confesó haber tenido en su mano la decisión de volar a la cúpula de ETA, porque quien tiene la posibilidad y la decisión de llevar a cabo un acto terrorista es plenamente conocedor de la existencia de una estructura terrorista dentro de su Gobierno y porque implícitamente asumió que obraba en él la capacidad de decisión para llevar a cabo o abortar dicha operación terrorista.

Debió actuar la fiscalía tras la desclasificación de los papeles de la CIA, tras la revelación de conversaciones entre altos cargos de gobierno y del CNI sobre el papel de José Luis Corcuera en el envío de cartas bomba y el asesinato del cartero de Rentería Antonio Cardosa o sobre la muerte de Mikel Zabalza en el cuartel de Intxaurrondo y la posterior desaparición de su cadáver.

Porque, si como dice el actual ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, los hechos relatados, fueron actos terroristas y la VERDAD no prescribe, su confesión sobre un hecho delictivo impune y no judicializado debería derivar en la apertura de diligencias judiciales, que aclaren los hechos y señalen las responsabilidades.

A este respecto añadir que la familia Larretxea Goñi esta estudiando la posibilidad de presentar una querella criminal contra Barrionuevo por ordenar el secuestro contra su hermano.

La fiscalía por el momento no ha actuado y a nadie debe sorprender. La Justicia española ha sido de parte y nunca ha mostrado interés en resolver los crímenes perpetrados por el Terrorismo de Estado. Ni los de la Triple A y el BVE en la época de la UCD, ni los de los GAL durante los Gobiernos del PSOE.

Impunidad, esta ha sido la respuesta. Impunidad que no sólo ha permitido que ocurriesen estos y otros crímenes, sino también perpetuarlos durante años, creando en muchas de nosotras la convicción de que la “injusticia española” es también responsable de la tragedia humana vivida.

Sobre el modelo de justicia aplicado en el contexto del conflicto algo hemos aprendido durante estos años. Un modelo de justicia de un desequilibrio absoluto, que vierte todo el peso de la ley sobre unos agentes violentos, ampliándolo hasta la cadena perpetua y en cambio a otros agentes violentos, en particular a los responsables de nuestro sufrimiento, los cubre de impunidad. ¿Es este un modelo justicia válido en un estado que se denomina democrático y de Derecho?

Nosotras creemos que no. Un modelo de justicia que ignora unas responsabilidades y consecuencias derivadas de la violación de DDHH y sin embargo se esfuerza en perpetuar otras, no responde a una justicia igualitaria y neutral, sino a una justicia de parte que actúa o no, en función del origen de la violencia ejercida. Un modelo de justicia que no apuesta por un marco integral de convivencia democrática, sino a favor de un marco convivencial basado en el esquema de vencedores y vencidos, que legitima la violencia del Estado y refuerza la impunidad de determinados responsables.

A día de hoy, ningún partido político, ningún gobierno ha asumido todavía su responsabilidad sobre estos gravísimos hechos.

Y la responsabilidad no es solo de los autores materiales, no es solo de algunos cargos públicos concretos. Las responsabilidades salpican a siglas políticas, que van desde la UCD y sus herederos de Alianza Popular (hoy PP), hasta el PSOE; Y así será mientras no se materialice el reconocimiento público del daño causado, de reconocimiento a las víctimas generadas y se abra un proceso de desclasificación de la documentación reservada que arroje luz sobre los casos no resueltos.

Un paso al frente, que deben dar también quienes dieron apoyo político y mediático a una estrategia de Estado que utilizó toda su maquinaria para asesinar, vulnerar derechos humanos y repartir impunidad entre criminales con cargos de Estado. Aquellos que firmaron un pacto de silencio y que con su connivencia permitieron que el terrorismo se convirtiese en una herramienta más del Estado.

Quienes utilizaron esta cuestión para obtener rédito político y llegar a la Moncloa para después tramitar indultos y excarcelaciones tempranas en pago por el deber cumplido, a altos cargos de Gobierno y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pacto de Estado por el que permanece vigente la Ley de Secretos Oficiales franquista, que blinda la información que señalaría todos los hechos y responsabilidades derivadas de algo tan grave como la Guerra sucia y el terrorismo de Estado y cuya reforma planea continuar cercenando nuestro derecho a la verdad y mantener la impunidad de los responsables de los crímenes cometidos contra nuestros familiares.

No necesitamos que nos pidan perdón. Ni son suficientes las condenas genéricas del Terrorismo de Estado como si hubiese surgido por generación espontánea o como consecuencia de la decisión aislada de cuatro perturbados. Si existen cloacas y están blindadas, si existe impunidad y se bloquean comisiones de investigación en sede parlamentaria, si la justicia sigue mirando para otro lado es evidente que hay responsabilidades de Estado que salpican de manera clara a siglas políticas concretas. Y ponen de manifiesto el deficiente carácter democrático del propio Estado y de los partidos que lo han sustentado hasta hoy.

No. No necesitamos condenas genéricas que eximen a muchos de su responsabilidad.

Necesitamos una declaración al máximo nivel institucional, por ello, apelamos al Gobierno del Estado Español, a que realice una declaración inequívoca de asunción de responsabilidades y de reconocimiento del daño causado; Le conminamos a que adopte la determinación democrática de desclasificar la documentación secreta que permita resolver los crímenes derivados del terrorismo de Estado. Terrorismo que no fueron solo los GAL.

Es tiempo de construir, de invertir en el presente y proyectarlo hacia un futuro en el que hechos de esta naturaleza no pueden tener cabida ni posibilidad de repetirse.