El reconocimiento oficial, la reparación y las garantías de no repetición son imprescindibles para acabar con el impacto que genera en las víctimas la dimensión de la tortura.

En el 41 aniversario de la muerte de Joxe Arregi como consecuencia de las torturas sufridas a manos de la Policía Española, hemos puesto sobre la mesa que aun estamos lejos de poder superar las consecuencias de la violación de nuestros derechos humanos.

Son insuficientes los actos simbólicos que condenan el uso de la tortura. Tenemos claro que el informe sobre la tortura es sólo el punto de partida del largo camino que queda por recorrer en torno a este tema.

Aquí la intervención completa de Egiari Zor Fundazioa:

Hoy se cumplen 41 años de la muerte de Joxe Arregi. Joxe fue torturado hasta la muerte por la Policía Nacional durante el periodo de detención. Entre los casos de tortura en Euskal Herria, el de Joxe ha sido uno de los que más repercusión ha tenido, ya que las fotografías tomadas a su cadáver mostraron al mundo la brutalidad que se ejercía en las comisarías.

“Oso latza izan da” (Ha sido muy duro). Así describió Arregi, en su lecho de muerte, la tortura padecida en comisaría. La muerte de Arregi fue el primer caso de muerte por tortura tras la reforma del régimen, pero por desgracia no fue el último... en esta denominada democracia otras cinco personas más muurieron por efecto de la tortura sufrida.

La muerte de Arregi no acabó con esa envenenada herencia de la dictadura franquista y miles de personas la hemos padecido de forma sistemática, con independencia del color del gobierno del Estado. Así, se han acreditado al menos 5657 casos de tortura en Euskal Herria.

Dos años después de la muerte de Arregi, el gobierno de Felipe González, con el apoyo de la mayoría política, nos trajo el plan ZEN. Este plan permitió la detención arbitraria de miles de ciudadanos, habilitó la tortura como instrumento policial en democracia y estableció la necesidad de impedir procesos judiciales por su aplicación.

A nosotros no nos torturaron unos pocos guardias civiles, policías nacionales o ertzainas que se pusieron por encima de la ley. Fuimos torturados por policías que actuaban dentro de una estrategia de Estado y de la que también formaban parte:

• Partidos políticos que aprobaron legislaciones de excepción, que permitían la incomunicación de los detenidos.

• Jueces responsables de la incomunicación, de la prolongación de la detención y de la integridad de los detenidos, y que sistemáticamente omitían la obligación de investigar cada denuncia de tortura;

• Forenses, fundamentales para encubrir la tortura y permitir la impunidad.

• Los medios de comunicación, convirtiéndose en uno de los pilares del negacionismo de la tortura.

Esta estrategia fue diseñada para hacer frente a un proyecto político legítimo y a todo aquel que lo compartiera. Así, al amparo de la supuesta lucha contra ETA, fueron detenidas cerca de 40.000 personas, y aunque más de 30.000 quedaron en libertad sin cargos muchas de ellas fueron torturadas y provisionalmente encarceladas.
Esperamos que en breve las instituciones de este país pongan en marcha una investigación sobre esta cuestión que afecta directamente a miles y miles de ciudadanas.

Hoy podemos afirmar que hemos superado el negacionismo, ya es una Verdad oficial que la tortura ha sido una práctica sistemática llevada a cabo con total impunidad.

Pero aún nos queda mucho camino por recorrer.
Hoy hacemos un llamamiento a las instituciones de Euskal Herria para que activen lo antes posible un mecanismo ágil y eficaz de reconocimiento y reparación; el proceso de reconocimiento y reparación de la comunidad torturada no puede prolongarse en el tiempo.

Las personas torturadas, como el resto de víctimas de la violencia en el Estado, llevan demasiados años sin poder ejercer los derechos a la verdad, al reconocimiento, a la reparación y a garantías de no repetición que la ley les otorga.

Legislar no basta; los procesos de dignificación de las víctimas deben ser eficaces.

Todavía estamos lejos de superar las consecuencias reales de la violación de nuestros derechos humanos. La cuestión del uso procesal de la tortura es una vez más actualidad. Esto ha afectado al pasado de muchas personas, pero hoy en día sigue afectando de manera directa al presente y futuro de varias víctimas de tortura. Esto es una anomalía democrática que hay que resolver, y por su gravedad es incomprensible el silencio de la mayoría institucional y política;

Decimos alto y claro que el reconocimiento oficial, la reparación y las garantías de no repetición son imprescindibles para acabar de una vez por todas con el impacto que genera en las víctimas la enorme dimensión de la tortura.

Son insuficientes los actos simbólicos que condenan el uso de la tortura. Tenemos claro que el informe sobre la tortura es sólo el punto de partida del largo camino que queda por recorrer en torno a este tema.

•  Como víctimas directas de una grave vulneración de derechos humanos, se nos debe un marco legal integral e igualitario que supere la categorización que sufrimos.

• Necesitamos un reconocimiento oficial de las vulneraciones de derechos humanos sufridas por miles de ciudadanos y ciudadanas, por lo que solicitamos la reapertura del plazo de la Ley 12/2016. Sin olvidar que también hay que abrir el camino al reconocimiento de las vulneraciones sufridas a partir de 1999.

• Esta infame expresión de violencia institucional acabó con la vida de 14 personas en este país y deben recibir un reconocimiento y reparación expresos.

• El cese de la tortura exige la suspensión de cualquier rédito obtenido a través del uso de la tortura.

• Se nos debe garantizar la erradicación total de la Tortura, sea donde sea: en las comisarías, en los centros de menores o de extranjeros o en las prisiones...

• Sin más demora, nuestra realidad debe formar parte de las políticas públicas de memoria para que el reconocimiento, la reparación y ls garantías de no repetición, se conviertan en derechos reales y efectivos.

Además, es necesario que nuestros victimarios y los responsables políticos que los apoyaron asuman de una vez las responsabilidades que les corresponden.

Esperamos que los responsables de nuestras heridas tengan la valentía suficiente para reconocer el daño causado a miles de personas en este país; esperamos que tengan la madurez democrática suficiente para asumir las responsabilidades políticas de la tragedia generada por la violencia del Estado;
Y de las instituciones de aquí también esperamos que esten dispuestas a no callar ante las vulneraciones de derechos que sufren algunos ciudadanos.

 Sólo así podremos situar la convivencia en parámetros democráticos mínimos para iniciar el camino hacia la resolución definitiva del conflicto político y sus consecuencias.