Valoramos muy positivamente esta decisión que hará posible la puesta en marcha de la ley, pues consideramos que esta contribuye a la construcción de la convivencia, haciendo posible el reconocimiento de forma oficial y pública de muchas víctimas y muchas vulneraciones de derechos humanos cometidas por el Estado.
En el contexto del conflicto político vivido en nuestro pueblo han sido muchas las personas que han fallecido en el último medio siglo, demasiadas. En lo ancho de nuestra geografía han convivido violencias de distinta naturaleza, que han generado enormes cantidades de dolor y sufrimiento. Miles de personas han sido torturadas y cientos gravemente heridas.
Por suerte, nuestra sociedad ha acertado en abrir las puertas hacia un nuevo escenario de paz y ha comenzado a construir la convivencia democrática, avanzando despacio pero sin descanso.
Pese a ello, y por desgracia, no todas las víctimas que han sufrido graves vulneraciones de derechos humanos han visto reconocidos los derechos que, por ley, les corresponden: continúan discriminadas aquellas que sufrieron las violencias llevadas a la práctica o auspiciadas desde el Estado; las que han sufrido la violencia policial; las muertas como consecuencia de la excepcional política penitenciaria; las asesinadas en controles de carretera; las que han sufrido ataques de la extrema derecha; las asesinadas por cualquiera de las muchas siglas que utilizaron en la guerra sucia; personas torturadas, heridas; muertas bajo el subterfugio de enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad; y un largo etc.
El Estado español y su sistema judicial han sido los que han permitido que todos estos crímenes fueran posibles y que perdurasen en el tiempo. Y la impunidad ha sido manifiesta.
Es por ello que, desde la Fundación Egiari Zor, trabajamos en defensa de los derechos de todas estas víctimas desde el año 2012.
El camino que aún nos queda por recorrer es largo, hasta lograr que todas las víctimas sean dueñas de esos derechos que les corresponden: la verdad, el reconocimiento, la justicia, la reparación y el garantizar que nada de lo vivido vuelva a repetirse.
El Tribunal Constitucional ha declarado constitucional la Ley Foral 16/2019 de reconocimiento a las víctimas de la violencia del Estado frente al recurso de Vox y el Partido Popular.
Esta ley tiene como objetivo reconocer a personas asesinadas, torturadas o gravemente heridas en Navarra por distintas violencias de las que se ha valido el Estado, y la tramitación de la misma ha sido compleja, pues diversos partidos políticos de ámbito estatal, sindicatos policiales e instancias judiciales han tratado de entorpecer su puesta en marcha. Han sido, precisamente, aquellos que todavía niegan la verdad de lo sucedido en el conflicto de Euskal Herria, aquellos que aún no han asumido su responsabilidad por haber generado dolor y haber vulnerado derechos humanos, los que se han situado como contrarios activos a la Ley.
Desde la Fundación Egiari Zor valoramos muy positivamente esta decisión que hará posible la puesta en marcha de la ley, pues consideramos que esta contribuye a la construcción de la convivencia, haciendo posible el reconocimiento de forma oficial y pública de muchas víctimas y muchas vulneraciones de derechos humanos cometidas por el Estado.
Al mismo tiempo, somos conscientes de que esta Ley no logrará acabar del todo con la discriminación que las víctimas del Estado sufrimos y que tendremos que continuar trabajando para que las casuísticas que no tengan cabida sean reconocidas en el futuro. Porque todas las vulneraciones de derechos humanos deben tener su lugar en el mapa de la memoria, para que podamos continuar construyendo juntas la convivencia del futuro.
Por todo ello, queremos hacer un llamamiento a todas las víctimas para que, una vez se diluciden los plazos y vías para presentar las solicitudes, así lo hagan. Para ello, mostramos nuestra plena disposición a ayudar con los trámites a toda persona que así lo requiera.
Creemos que es de vital importancia seguir recorriendo la senda hacia el pleno reconocimiento, seguir valiéndonos de todos los instrumentos a nuestro alcance para sacar a la luz todas y cada una de las consecuencias de la violencia del Estado en nuestro pueblo, que hasta hace bien poco eran negadas y no formaban parte de los censos oficiales. Hemos de dar a conocer toda la verdad en torno a la tragedia generada también por el Estado en el contexto del conflicto político de Euskal Herria, hasta lograr que ninguna persona víctima de vulneración de derechos humanos quede en desamparo.