Es hora de saber la verdad
Algunas víctimas de la violencia han sido reconocidas y han podido ejercer los derechos que les otorga la Ley. Para la mayoría de las víctimas de la violencia ejercida por el Estado, en cambio, el punto de partida es muy diferente; tras muchos años de negación, seguimos luchando por establecer la verdad de lo que nos hicieron, para que cada muerte y vulneración de derechos humanos, sin excepción, sea censada, reconocida y reparada de manera oficial.
En el contexto del conflicto en Euskal Herria, muchas personas han muerto como consecuencia de décadas de violencia y confrontación armada. En nuestra geografía han existido diversas violencias que han causado vulneración de los derechos humanos, dolor e intenso sufrimiento.
Algunas víctimas de la violencia han sido reconocidas y han podido ejercer los derechos que les otorga la Ley. Para la mayoría de las víctimas de la violencia ejercida por el Estado, en cambio, el punto de partida es muy diferente; tras muchos años de negación, seguimos luchando por establecer la verdad de lo que nos hicieron, para que cada muerte y vulneración de derechos humanos, sin excepción, sea censada, reconocida y reparada de manera oficial.
En concreto, hablamos de los fallecidos como consecuencia de la violencia policial, de la política penitenciaria de excepción, de la extrema derecha, de la guerra sucia, de la tortura, de los muertos en supuestos enfrentamientos con las FOP o las FSE. Porque en demasiadas ocasiones, la construcción de versiones oficiales justificando la acción policial, considerando las muertes como naturales o responsabilizando al fallecido de su propia muerte, ha servido para ocultar verdaderos crímenes.
Las vecinas de Lekeitio algo sabéis sobre esto. En esta misma calle fuisteis testigos el asesinato público de dos jóvenes… y conocisteis la posterior ausencia de verdad. Pues bien, la verdad es la que nos une hoy en Lekitto.
Tal día como hoy hace 50 años, la Guardia Civil asesinó al zarauztarra José Benito Mujika y sopuertarra Mikel Martínez de Murgia.
La Guardia Civil, bajo las órdenes del genocida fascista Francisco Franco, declaró que estas muertes se produjeron en un enfrentamiento armado con ellos. Los poderes mediáticos de la dictadura militar sacudieron a los cuatro vientos el argumento que justificaba el asesinato de dos jóvenes. Predominó la mentira de los asesinos, convirtiéndose en Versión Oficial.
Hasta hoy.
El objetivo real de esta operación de la Guardia Civil fue la muerte de Xenki y Murgi. Y hoy como ayer decimos que, la Guardia Civil ejecutó extrajudicialmente a Xenki y Murgi.
Nunca hemos creído la teoría del enfrentamiento. Nunca nos hemos tragado las Versiones Oficiales; Ni en Lekeitio ni en ningún sitio, ni antes, ni después. Lamentablemente, en este pueblo hemos conocido demasiadas muertes producidas por grupos y fuerzas armadas vinculadas al Estado, así como los increíbles argumentos esgrimidos para justificar estos asesinatos.
El pasado año, a través de la Ley 12/2016 se inició una nueva investigación para aclarar las circunstancias de la muerte de los miembros de ETA, Xenki y Murgi. Agradecemos a la ciudadanía de Lekeitio que haya conservado en su memoria lo ocurrido aquel 2 de septiembre de 1972, que la haya transmitido de generación en generación y que que quienes fuisteis testigos de los hechos hayáis colaborado con la investigación puesta en marcha. A todas vosotras, de corazón, muchas gracias.
Este mes de junio tuvimos conocimiento de la resolución emitida por La Comisión de Valoración nombrada para la gestión de esta Ley.. Xenki y Murgi habían sido reconocidos oficialmente como víctimas de ejecución arbitraria o extrajudicial. Junto a ellos, 44 personas más han sido reconocidas oficialmente como víctimas de violaciones de los derechos humanos provocadas por la Policía, la Ertzaintza, la Guardia Civil, la extrema derecha, la Triple A o el Batallón Vasco.
En este sentido tenemos que decir, no sin tristeza, que este año el Gobierno Vasco no ha realizado ningún acto institucional en homenaje a las víctimas de la violencia de Estado que han sido reconocidas oficialmente. Creemos que es un grave e incomprensible error. Máxime, cuando oímos continuamente voces que hablan de la necesidad de construir una memoria pública que convierta el recuerdo de lo ocurrido en garantía de no repetición. Cuando oímos muchas referencias sobre el valor supremo de los derechos humanos y de la dignidad humana, incluso declaraciones que nos recuerdan que todas las víctimas somos iguales…Palabras sin contenido para nosotras. La discriminación que sufrimos las víctimas de la violencia del Estado se materializa también en este tipo de ausencias; Está claro que no se le quiere poner a nuestro dolor, el mismo foco que al dolor de otras víctimas… Que cada cual reflexione sobre lo que hace y lo que no hace.
Los asesinatos de Xenki y Murgi, como muchos otros, podían haberse aclarado mucho antes… Pero la documentación sobre ellos sigue hoy blindada por una ley preconstitucional. El hecho de que la derogación de la Ley de Secretos Oficiales no sea ya una realidad, es una prueba más de la precaria calidad democrática vigente y de la falta de voluntad de clarificar estos y otros casos, ocurridos durante el franquismo, la transición y la supuesta democracia.
Esta Ley establece que “protege de personas no autorizadas, los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos que puedan perjudicar o poner en peligro la seguridad y defensa del Estado. ¿Qué esconden en los cimientos del estado de derecho? ¿No será que lo que está en riesgo es la credibilidad de la propia naturaleza del Estado?
Y es que saldría a la luz la verdad sobre la transición, la guerra sucia, el 23F, el plan ZEN, el informe Navajas, o el GAL. A este respecto, mostramos nuestro más enérgico rechazo a los plazos de desclasificación que marca la propuesta de reforma de esta Ley lanzada por el Gobierno del Estado Español. Es hora de que la verdad salga de la sombra a la luz, llevamos demasiado tiempo esperando y conocer la verdad es nuestro derecho.
Está claro que esta ley de 1968 es un mecanismo legal que todavía nos restringe el derecho a saber la verdad. Que seguirá siendo un obstáculo en el reconocimiento de las personas que sufrimos la violencia del Estado. Asimismo, servirá para perpetuar la impunidad de quienes ya están protegidos por ella y permitirá la misma impunidad ante posibles nuevas comisiones o comportamientos contrarios a los derechos humanos.
Impunidad que no sólo ha permitido que ocurran estos crímenes, sino también perpetuarlos durante décadas, creando en muchas de nosotras la convicción de que la “injusticia española” es también responsable de la tragedia humana vivida.
Porque el monopolio de la violencia, la verdad y la justicia está en el propio Estado. No es de extrañar, por tanto, que el modelo de justicia que el Estado español aplica en el contexto del conflicto sea de un desequilibrio absoluto, un modelo que vierte todo el peso de la ley sobre unos agentes violentos y en cambio a otros agentes violentos, en particular a los responsables de nuestro sufrimiento, los cubre de impunidad. ¿Es este un modelo justicia válido?
Nosotras no creemos en un modelo de justicia que se olvida de unas consecuencias del conflicto y perpetua otras; No esperamos nada de este modelo de justicia.
Necesitamos un modelo de justicia que respete los derechos de las víctimas y que a su vez responda a la necesidad de llegar a un escenario de convivencia que supere las consecuencias generadas durante décadas de violencia. De lo contrario, no estaríamos apostando por un marco integral de convivencia democrática, sino a favor de un marco convivencial basado en el esquema de vencedores y vencidos, que legitima la violencia del Estado y refuerza la impunidad de determinados responsables.
El concepto de convivencia democrática exige superar las consecuencias de la confrontación armada, garantizar todos los derechos de todas las personas, pero también abordar las causas de un conflicto de naturaleza política. Porque una sociedad que aspira a desarrollarse sobre una convivencia democrática, debe necesariamente, poder ejercer el derecho a decidir libremente su presente y su futuro.
Es una cuestión de saneamiento democrático, que exige voluntad, compromiso con los derechos humanos y pedagogía ética para entender que, en democracia, el respeto y el libre ejercicio de todos los derechos de todas las personas, también debe erigirse como imperativo ético.
