“Es urgente investigar los casos de muerte por torturas, como el de Mikel Zabalza, al que no sólo mataron sino que hicieron desaparecer”

Ixone Fernandez ha intervenido en la ofrenda floral que Egiari Zor ha organizado en Donostia, con motivo del estreno en el Zinemaldia de la película “Non dago Mikel?”.

Desgraciadamente, aquí, se ha torturado

La tortura ha sido la herencia perversa de la dictadura franquista y los y las vascas la hemos padecido de forma continuada, fuera cual fuere el color del gobierno del Estado. Durante la dictadura, durante la mal llamada transición y también durante lo que llamamos democracia. En un pueblo de apenas 3 millones de habitantes, se han constatado al menos 5657 casos de tortura.

No se puede decir que estos hayan sido casos sueltos. La realidad que revelan los datos es dantesca: la tortura ha sido una práctica sistemática en las comisarías y ha contado con una estructura diseñada para torturar, pero también para perpetuar esta crimen de forma totalmente impune.

Hemos de analizar por qué se han vulnerado, al menos durante 70 años, los derechos humanos en las comisarías, con total impunidad. La incomunicación y la actitud de forenses, jueces, medios de comunicación y clase política han permitido que se puediera torturar con total impunidad. Siendo esto así, nos preguntamos: ¿ha obtenido alguien beneficios políticos a cambio de violar los derechos humanos?

Los casos de hombres y mujeres muertos por tortura tampoco han sido ningún punto de inflexión. Estas muertes no han cambiado nada e, incluso, han sido en muchas ocasiones negadas.

Las denuncias públicas que han hecho las víctimas de la tortura, las muertes, las fotos de cuerpos golpeados... no han sido prueba suficiente para quienes han querido restar credibilidad a esa barbarie.

Se han dicho atrocidades enormes: "se hizo daño a sí mismo", "es una policía democrática", "vivimos en el Estado de derecho", "están siguiendo la guía de los terroristas"... Hemos tenido que escuchar estas cosas constantemente. Se ha mirado hacia otro lado en numrosas ocasiones. Estas graves violaciones de los derechos humanos se han justificado.

En el caso de la tortura, es la víctima la que ha sido criminalizada. Es la víctima la que ha sufrido insultos, la que ha tenido que escuchar las acusaciones de quien mentía.

Aplaudimos todas las iniciativas que se han puesto en marcha para aclarar el impacto real que ha tenido esta práctica y, por tanto, conocer y dar a conocer todo lo ocurrido. Es hora de saber la verdad de una vez. Es hora de conocer el origen de esa violencia, y derimir las responsabilidades.

Hacemos un llamamiento a las instituciones de Euskal Herria para que den continuidad más pronto que tarde a los procesos de investigación sobre las consecuencias de la tortura. Esta grave vulneración de derechos debe ser analizada en su totalidad: vulneraciones, muertes, autoinculpaciones bajo tortura, etc.

Les exigimos que tomen medidas concretas porque hemos sido víctimas de esa violencia: necesitamos verdad, reconocimiento, reparación y garantías de que no volverá a repetirse.

Es imprescindible poner en marcha investigaciones que pongan luz sobre los casos de muerte por torturas, como el de Mikel Zabalza, al que no sólo mataron sino que hicieron desaparecer para intentar borrar las pruebas del delito.

Es necesario que se investiguen las conexiones políticas, policiales, médico-forenses, judiciales y mediáticas en la construcción y mantenimiento de una estructura criminal que hizo de la tortura una herramienta legítima.

Hay tareas pendientes a este respecto, la hipocresía política en este tema resquebraja y reduce a la nada todos los discursos con los que se llenan la boca quienes apelan a la democracia, al suelo ético, a la revisión crítica del pasado o a los derechos de las víctimas.

Las condenas hacia la práctica de la tortura quedan vacias de contenido cuando representantes políticos e institucionales buscan excusas con las que diluir la necesidad de poner luz sobre las responsabilidades políticas derivadas de la decisión de violar derechos humanos desde los poderes públicos. Porque para que sea creíble ese rechazo a la violencia, a toda violencia, debería utilizarse el mismo rasero para todas ellas.

Por ello apelamos hoy, una vez más, a la necesidad de continuar investigando y esclareciendo casos, a la necesidad de esclarecer las responsabilidades políticas que hubo. Por que sacar a la luz la verdad es cuestión de justicia.

La falta de voluntad política para afrontar estas cuestiones no es más que la constatación de una pobre cultura democrática. Para que el pasado no siga condicionando la credibilidad democrática del Estado español y de Euskal Herria, son imprescindibles la verdad, el reconocimiento, la reparación y la justicia.

Han pasado 35 años largos. Es ya hora de conocer la verdad, de una vez por todas.