“Estas muertes pudieron haberse evitado. Si los derechos humanos hubieran prevalecido por encima de la venganza o el castigo añadido la realidad hubiera sido bien distinta”

En el acto del puerto de Santurtzi hemos reivindicado que es necesario reconocer también las violencias, directas e indirectas, sufridas por las personas presas y sus familiares.

En las últimas 4 décadas, 35 presos políticos vascos y 16 familiares de estos han perdido la vida en diferentes situaciones, debido a las medidas de excepción que se han aplicado sistemáticamente. Además, otras dos personas se suicidaron para evitar su ingreso en prisión.

Es necesario sacar a la luz la verdad de las vulneraciones que ha provocado la política penitenciaria de excepción. Pero, sobre todo, es imprescindible acabar de una vez por todas con las manifestaciones de violencia institucional que aún siguen vigentes, como las medidas penitenciarias excepcionales.

Intervención completa leída en el acto:

El ataque a los derechos humanos en materia penitenciaria ha sido y es incesante. La Política Penitenciaria de excepción puesta en marcha primero por el Gobierno español y con posterioridad por su homólogo francés, fue concebida dentro de su estrategia represiva en el marco del conflicto político. Estas fueron medidas adoptadas al amparo de la denominada lucha antiterrorista dentro del ámbito penitenciario.

En las últimas 4 décadas, durante el periodo supuestamente democrático, 35 presos políticos vascos y 16 familiares de estos han perdido la vida en diferentes situaciones, debido a las medidas de excepción que se han aplicado sistemáticamente. Además, otras dos personas se suicidaron para evitar su ingreso en prisión.

La cruel política penitenciaria no ha dejado de causar muertes evitables. Por ejemplo, desde 2011 han muerto 12 presos.

Estas muertes tienen algo en común: en todas ellas la aplicación de medidas políticas excepcionales ha sido decisiva. Negar la debida atención sanitaria, aplicar de forma arbitraria los protocolos contra las enfermedades incurables, las duras condiciones de vida dentro de la cárcel, el aislamiento, el alejamiento, la dispersión... Estas medidas fueron la causa de las muertes de Igor y Roberto, como bien sabéis en este pueblo.

Estas muertes pudieron haberse evitado. Si los derechos humanos hubieran prevalecido por encima de la venganza, el castigo añadido, la seguridad o cualquier otra consideración, la realidad hubiera sido bien distinta. La política penitenciaria de excepción es el resultado de decisiones tomadas por Gobiernos y, por tanto, tiene responsables directos que deben asumir su responsabilidad en las consecuencias derivadas de su aplicación.

Las graves violaciones de derechos humanos producidas en el contexto del conflicto político de Euskal Herria en los últimos largos años han sido cientos, miles. A todos ellos debemos reconocimiento, reparación y garantías de no repetición, para seguir construyendo una nueva sociedad basada en la convivencia.

Por lo tanto, es necesario reconocer también las violencias, directas e indirectas, sufridas por las personas presas y sus familiares. Es necesario sacar a la luz la verdad de las vulneraciones que ha provocado la política penitenciaria de excepción. Pero, sobre todo, es imprescindible acabar de una vez por todas con las manifestaciones de violencia institucional que aún siguen vigentes. Garantizar todos los derechos de todas las personas debe ser la base, el punto de partida, sin ninguna condición.

Oímos distintas voces que alertan sobre la necesidad de construir una memoria pública que convierta el recuerdo de lo ocurrido en una herramienta común de garantía de no repetición.

Pero algunos sectores eluden las muertes producidas por este tipo de violencia institucional, como si jamás hubiesen ocurrido, como si las personas presas y sus familias careciesen de derechos fundamentales como el derecho a la vida o a la salud.

La memoria de lo ocurrido no puede acotarse a unos intereses que tienen más que ver con visiones particulares y partidistas. La memoria, comprendida como ejercicio necesario para el desarrollo de una convivencia democrática, en una sociedad plural, de ningún modo puede "ajustarse" a unas reglas o normas que cercenan y condenan al olvido partes de la historia colectiva de este pueblo.

Todas las víctimas, mortales y supervivientes, todos los sufrimientos derivados de la violencia que hemos sufrido, deben tener su espacio en las políticas públicas de memoria, también las muertes como las de Igor o Roberto.

La memoria es una cuestión que atañe al pasado, a lo que ya ocurrió. Pero hoy queremos apelar también al presente: porque continua existiendo una realidad penitenciaria que se sigue cobrando vidas. Y continúan existiendo realidades que todavía no tienen lugar en el libro de la memoria de lo que ha sucedido en Euskal Herria.

Hoy, exigimos se ponga fin a esta expresión de violencia. Exigimos que termine de una vez por todas con la aplicación de la excepcionalidad penitenciaria. Y que sean reconocidas todas las consecuencias derivadas de la aplicación de esta durante largos años, todas las vulneraciones de derechos y los sufrimientos que ha ocasionado.