Estas muertes pudieron haberse evitado. Si los derechos humanos hubieran prevalecido por encima de la venganza o el castigo añadido la realidad hubiera sido bien distinta.

En el acto de la Herriko plaza de Elorrio hemos reivindicado la necesidad de reconocer también las violencias, directas e indirectas, sufridas por las personas presas y sus familiares.

Es necesario sacar a la luz la verdad de las vulneraciones que ha provocado la política penitenciaria de excepción. Pero, sobre todo, es imprescindible acabar de una vez por todas con las manifestaciones de violencia institucional que aún siguen vigentes, como las medidas penitenciarias excepcionales.

Intervención completa leída en el acto:

El ataque a los derechos humanos en materia penitenciaria ha sido y es incesante. La Política Penitenciaria de excepción puesta en marcha primero por el Gobierno español y con posterioridad por su homólogo francés, fue concebida dentro de su estrategia represiva en el marco del conflicto político. Estas fueron medidas adoptadas al amparo de la denominada lucha anti terrorista dentro del ámbito penitenciario.

El sistema penitenciario de excepción vigente es un sistema que no respeta los derechos fundamentales. Es un sistema que vulnera el derecho a la salud y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos y degradantes.

En las últimas 4 décadas, durante el periodo supuestamente democrático, 36 presos políticos vascos y 16 familiares de estos han perdido la vida en diferentes situaciones, debido a las medidas de excepción que se han aplicado sistemáticamente. Además, otras dos personas se suicidaron para evitar su ingreso en prisión. Estas muertes pudieron haberse evitado. Si los derechos humanos hubieran prevalecido por encima de la venganza, el castigo añadido, la seguridad o cualquier otra consideración, la realidad hubiera sido bien distinta.

La cruel política penitenciaria no ha dejado de causar muertes evitables. Por ejemplo, desde 2011 han muerto 13 presos.

Estas muertes tienen algo en común: en todas ellas la aplicación de medidas políticas excepcionales como modus vivendi, ha sido decisiva. Negar la debida atención sanitaria, aplicar de forma arbitraria los protocolos contra las enfermedades incurables, las duras condiciones de vida dentro de la cárcel, aislamiento prolongado, clasificación sistemática en primer grado e inclusión en fichero FIES, intervención permanente de las comunicaciones, alejamiento, dispersión... Como bien sabéis, estas medidas fueron la causa de las muertes de Katxue y Arkaitz.

La política penitenciaria de excepción es el resultado de decisiones tomadas por Gobiernos y, por tanto, tiene responsables directos que deben asumir su responsabilidad en las consecuencias derivadas de su aplicación. Tendrán que reconocer que a los/as presos/as vascos/as se les impuso esta inhumana política penitenciaria por razones políticas, y que asumieron que pudiera producirse una erosión en la salud de estas personas, mientras no se produjese una renuncia de sus aspiraciones políticas.
 

Los Estados deberán reconocer que en marco del conflicto, en base a unos objetivos políticos, asumieron que algunas personas presas y sus familiares, podían morir.

Las graves violaciones de derechos humanos producidas en el contexto del conflicto político de Euskal Herria en los últimos largos años han sido cientos, miles. A todos ellos debemos reconocimiento, reparación y garantías de no repetición, para seguir construyendo una nueva sociedad basada en la convivencia.

Por lo tanto, es necesario reconocer también las violencias, directas e indirectas, sufridas por las personas presas y sus familiares. Es necesario sacar a la luz la verdad de las vulneraciones que ha provocado la política penitenciaria de excepción. Pero, sobre todo, es imprescindible acabar de una vez por todas con las manifestaciones de violencia institucional que aún siguen vigentes. Garantizar todos los derechos de todas las personas debe ser la base, el punto de partida, sin ninguna condición.

Oímos distintas voces que alertan sobre la necesidad de construir una memoria pública que convierta el recuerdo de lo ocurrido en una herramienta común de garantía de no repetición.

Pero algunos sectores eluden las muertes producidas por este tipo de violencia institucional, como si jamás hubiesen ocurrido, como si las personas presas y sus familias careciesen de derechos fundamentales como el derecho a la vida o a la salud. Escuchamos numerosas referencias al valor superior de los derechos humanos y la dignidad humana. Pero se dejan fuera de todos los censos y estadísticas las consecuencias humanas de la aplicación de la política penitenciaria de excepción.

La memoria de lo ocurrido no puede acotarse a unos intereses que tienen más que ver con visiones particulares y partidistas. La memoria, comprendida como ejercicio necesario para el desarrollo de una convivencia democrática, en una sociedad plural, de ningún modo puede "ajustarse" a unas reglas o normas que cercenan y condenan al olvido partes de la historia colectiva de este pueblo.

Todas las víctimas, mortales y supervivientes, todos los sufrimientos derivados de la violencia que hemos sufrido, deben tener su espacio en las políticas públicas de memoria, también las muertes como las de Katxue y Arkaitz.

La memoria es una cuestión que atañe al pasado, a lo que ya ocurrió. Pero hoy queremos apelar también al presente: porque continua existiendo una realidad penitenciaria que se sigue cobrando vidas. Y continúan existiendo realidades que todavía no tienen lugar en el libro de la memoria de lo que ha sucedido en Euskal Herria.

Hoy, exigimos se ponga fin a esta expresión de violencia. Exigimos que termine de una vez por todas con la aplicación de la excepcionalidad penitenciaria. Y que sean reconocidas todas las consecuencias derivadas de la aplicación de esta durante largos años, todas las vulneraciones de derechos y los sufrimientos que ha ocasionado.