El Relator de la ONU para la Justicia Transicional visita por vez primera el Estado español, lo que supone ya de por sí un dato significativo. Aunque no pisará Euskal Herria por problemas de agenda, Pablo de Greiff sí recibió ayer en Madrid información directa sobre la práctica de la tortura, la violencia policial o la guerra sucia en las últimas décadas. El tema se suma a un programa que inicialmente tiene como punto principal el análisis de la represión franquista.
El Relator de la ONU para la Justicia Transicional, el colombiano Pablo de Greiff, no solo recibió ayer las pruebas de la impunidad de la que todavía gozan los responsables del franquismo en el Estado español; también dispone de información sobre las víctimas de la violencia estatal perpetrada en Euskal Herria en el periodo entre 1978 y 2002. En su segunda jornada de una visita al Estado español que se alargará hasta el próximo 3 de febrero, los casos de muertes en comisaría o a manos de grupos parapoliciales, así como de torturas, estuvieron presentes de doble manera. Primero fue en su reunión con senadores, celebrada por la mañana en la Cámara Alta, y luego, por la tarde, en la mantenida con representantes de la sociedad civil. Entre la amplia delegación que le trasladó esta información en un hotel de Madrid se encontraba Luis Fuentes, miembro de la Plataforma Vasca de Apoyo a la Querella Argentina, así como Iratxe Urizar, representando al Comité para la Prevención de la Tortura.
Hasta el momento, en los últimos años se habían desplazado al Estado español relatores de la ONU sobre la tortura o las desapariciones forzosas, pero no el encargado de analizar el cumplimiento de garantías como la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; es decir, de Justicia Transicional. «La visita al Estado español de un relator encargado de cuestiones sobre reconocimiento de víctimas es muy importante», indicaba ayer Urizar. En la reunión hizo entrega a De Greiff de un documento elaborado por Egiari Zor que certifica el fallecimiento de 338 personas tanto por los efectos de las torturas sufridas en comisaría como por acciones de grupos parapoliciales o directamente de uniformados a través de la guerra sucia en el periodo comprendido entre 1960 y 2012.
En un principio, la visita del Relator se circunscribía a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen franquista. No obstante, tal y como subrayó Urizar, en Euskal Herria existe una línea de continuidad que no se rompe en 1978 con la aprobación de la Constitución española. «Desde 1960 hasta 2012 se siguen dando violaciones de los derechos humanos policiales o parapoliciales con resultado de muerte», recordó. Se les añaden los casos de malos tratos durante la detención (cifrados por la Fundación Euskal Memoria, a partir de proyecciones, en más de 9.000 desde 1960). Las últimas denuncias por maltrato en comisaría datan de junio de 2013, cuando fueron arrestados por la Guardia Civil Jon Lizarribar y Rubén Gelbentzu, quienes relataron haber sufrido golpes y amenazas durante el primer día en manos del instituto armado. No se han referido torturas desde la detención de Iñaki Igerategi e Iñaxio Otaño, en febrero de 2012. Pero antes hay una continuidad en el tiempo de esta práctica, que no se rompió con la muerte de Franco y que deja miles de denuncias y varias muertes. Apenas ha habido una veintena de juicios por todo ello. Condenas que, habitualmente, terminaron en indulto.
Reconocimiento, lo primero
Más allá de la reclamación de una Comisión de la Verdad sobre lo ocurrido en Euskal Herria, Iratxe Urizar ubicó la información en una fase previa, la del reconocimiento de unas víctimas ignoradas hasta el momento. «Se trata de reconocer las violaciones de Derechos Humanos como la tortura, que no aparecen en ningún sitio», indicó la representante del Comité, quien puso énfasis en el hecho de que, en el contexto actual de Euskal Herria, es importante «empezar a reconocer qué ha pasado». «Es necesario sacar del anonimato los hechos, las víctimas y qué les llevó a ser víctimas», dijo.
Tras el encuentro, Urizar mostró su satisfacción ante la actitud del Relator, «muy abierto» a recabar la información proporcionada por las diferentes asociaciones presentes. De hecho, según varios de los asistentes, hizo mención expresa a su ausencia en Euskal Herria, excusándose por los problemas de agenda pero lanzando el guante a la sociedad civil para que ponga en su conocimiento todos los datos que considere.
El Estado pone obstáculos
«El mismo aparato siguió funcionando» en Euskal Herria, indicó Urizar al explicar que al añadir a las víctimas de la violencia estatal de las últimas décadas no se pretende «comparar, sino mostrar una realidad que se alarga hasta 2012». Una apreciación similar también llegó desde la plataforma vasca. Sobre la impunidad del régimen franquista, De Greiff recabó también abundante información sobre la querella desarrollada en Argentina, así como de las trabas impuestas por el Estado, que lejos de colaborar con las víctimas se ha colocado en una posición de fuerte resistencia. Las cientos de fosas comunes todavía existentes o la importancia de la educación para explicar el franquismo fueron también cuestiones abordadas.
Por la mañana, De Greiff mantuvo un encuentro a puerta cerrada en el Senado. Allí se informó al Relator del reiterado incumplimiento por parte del PP de la Ley de Memoria Histórica, con una mención especial hacia el Valle de los Caídos. «No puede ser un monumento a la victoria», sentenció. También se hizo referencia a Euskal Herria. Según indicó Jokin Bildarratz (PNV), se mencionó a las víctimas de ETA pero también se demandó «reconocimiento» para quienes padecieron la violencia del Estado a partir de 1978.
El Relator no tiene previsto ofrecer valoraciones hasta el 3 de febrero, cuando dará una rueda de prensa con sus primeras reflexiones. Se calcula que el informe definitivo puede estar confeccionado para el mes de setiembre de este año.
Su objetivo, las violaciones de derechos humanos no resueltas
El mandato del Relator tiene especial relevancia en Euskal Herria en la medida en que la Justicia Transicional supone un catálogo de procedimientos para afrontar situaciones de postconflicto. Se trata, por ejemplo, de un concepto evocado con fuerza por el Gobierno colombiano para facilitar el proceso de acuerdo con las FARC. También enlaza con los trabajos del Foro Social que impulsa la solución en Euskal Herria.
En el caso concreto de esta visita, el mandato de De Greiff se centra en las violaciones de derechos humanos que no han podido ser resarcidas por los tribunales. En este sentido, el trabajo que realizan las organizaciones contra la tortura entra de lleno en sus competencias, ya que la inmensa mayoría de denuncias no han sido investigadas por las instancias judiciales estatales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha condenado estos últimos años tres veces al Estado español por no indagar otros tantos casos de vascos.
En una entrevista con motivo de una visita anterior a Madrid, De Greiff indicaba que la llamada transición española «no es tan modélica» como se creía en el mundo, «aunque por supuesto hay que tener en cuenta las circunstancias específicas en las que cada transición ocurre, y mucho ha cambiado España desde los años 70 a la actualidad. Es más, hoy me atrevería a decir que un caso como el sudafricano sería a nivel internacional mucho más difícil de establecer de lo que lo fue en su momento. Es decir, crear un mecanismo que intercambie amnistía por verdad es hoy mucho más difícil de lo que fue a comienzos de los 90 en Sudáfrica», añadía el ahora Relator de la ONU. GARA
De Greiff se compromete ante víctimas de Franco, vía megáfono
En un gesto absolutamente inusual, el Relator tomó un megáfono para dirigirse a las personas que se habían concentrado ante el hotel de Madrid en el que se celebraba la reunión de la tarde. Se trataba de decenas de víctimas del franquismo. Pablo de Greiff quiso recalcar así «el compromiso» de la ONU para escuchar sus reivindicaciones y analizar la actuación del Estado español.
«Quiero expresarles mi agradecimiento por su presencia y mi compromiso con el tema que espero que quede expresado por el hecho de haber pedido una visita al país», señaló De Greiff en una intervención que no constaba en el protocolo.
El Relator subrayó además que está abierto a recibir cualquier tipo de información que las víctimas puedan aportar en este proceso «para colaborar en la afirmación de los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición».