La asunción de responsabilidades por parte del Estado es imprescindible para garantizar la memoria democrática. Es una deuda histórica no sólo con las víctimas, sino también con la propia democracia.

Ane Muguruza y Begoña Galdeano, cuyos padres fueron asesinados por los GAL, han valorado en rueda de prensa la decisión de la Mesa del Congreso de bloquear la creación de una comisión de investigación sobre los GAL.

Texto íntegro:

Ayer, 23 de junio, la mesa del Congreso español se mostró en contra de crear una comisión de investigación sobre Felipe González y los GAL, tras desclasificarse documentos de la CIA donde se recoge que “Felipe González acordó la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a los terroristas”.

A nuestro juicio esta decisión es una muestra más de la impunidad de la que han gozado y gozan los mal llamados “garantes del estado de derecho y la democracia”. Una muestra más de que el pacto de silencio ante gravísimas vulneraciones de derechos humanos cometidas al amparo del Estado sigue vigente.

Es gravísimo que desde los poderes del Estado se haya utilizado el terrorismo para asesinar y vulnerar derechos humanos impunemente y que, además, continúen negándonos el derecho a saber la verdad.

Esa verdad que continúa secuestrada bajo el yugo de silencio que supone la Ley de Secretos Oficiales franquista, aún en vigor.

Desde Egiari Zor Fundazioa exigimos que se encare con honestidad democrática esta cuestión.

Exigimos que, de una vez por todas, se derogue esa Ley y se desclasifiquen los documentos que, sin duda, contienen informaciones relevantes sobre asesinatos y responsabilidades derivadas de aquellos crímenes. Y que así se ponga luz sobre:

• La decisión política de asesinar desde los poderes públicos.
• El pacto de Estado que ha dado cobertura hasta hoy a esta gravísima cuestión, que hace tambalear el estado de derecho.
• Las conexiones con miembros del ejecutivo francés y sus cuerpos policiales.
• Las responsabilidades directas e indirectas aun no esclarecidas.
• El escaso recorrido judicial que tuvieron los casos.
• Las concesiones a altos cargos del Gobierno español condenados por su implicación en esta trama criminal.
• Etc.

A día de hoy ningún partido político ni ningún gobierno ha asumido todavía sus responsabilidades sobre estos gravísimos hechos. Pese a que la responsabilidad de todos estos asesinatos y actuaciones contrarias a los derechos humanos no es solo de los ejecutores materiales.

Por ello, apostamos firmemente por la creación de una comisión de investigación institucional con garantías que ayude a esclarecer de una vez por todas la jerarquía política, militar y policial de los GAL y grupos predecesores, y que investigue, así mismo, la figura de Felipe González, a quién la CIA sitúa en la cúspide del entramado GAL.

Una comisión de investigación que tenga acceso a la documentación clasificada, que ponga el foco sobre las grandes sombras que siguen ocultando parte de la verdad de los hechos y las responsabilidades, que de haberlas deberán ser depuradas. Una investigación que además ayude a las víctimas y a toda la sociedad en su conjunto a ejercer su legitimo derecho a la conocer la verdad.

Hoy, estamos en un momento en el que diversos sectores ideológicos del Estado español y de Euskal Herria han iniciado una carrera contra reloj para escribir de forma unilateral y absolutamente parcial el relato de lo ocurrido en las últimas décadas en el contexto del conflicto.

Queremos expresar, alto y claro, que no vamos a permitir que se sigan categorizando las violencias ejercidas en el contexto del conflicto en función del origen de esas violencias, con el único objetivo de alimentar un relato concreto de forma interesada.

Es necesario valerse de la misma vara de medir a la hora de abordar las consecuencias de la violencia política. De lo contrario estaríamos normalizando la propia violencia. Y, en esa labor, las instituciones juegan también un papel determinante.

A día de hoy la verdad en torno a los GAL tiene en lo más alto de su jerarquía política una X. Si esa X es Felipe Gonzalez, esto debe ser de dominio público, para que se depuren las responsabilidades políticas: las suyas, las de su partido y las de quienes pactaron su silencio.

Porque la asunción de responsabilidades por parte del Estado es fundamental e imprescindible para garantizar el pleno ejercicio de la memoria democrática sobre la que debemos construir la convivencia futura. Es una deuda histórica no sólo con las víctimas, sino también con la propia democracia.

Y ninguna institución pública ha extendido ninguna petición de asunción de responsabilidades al Estado por esta cuestión. Y partidos que tienen y han tenido responsabilidades de gobierno siguen negando la investigación efectiva de estas vulneraciones de derechos humanos. Ya es suficiente. Tenemos derecho a saber la verdad.

La hipocresía política en este tema resquebraja y reduce a la nada todos los discursos de aquellos que apelan a la democracia, al suelo ético, a la revisión crítica del pasado o a los derechos de las víctimas.

La falta de voluntad política para abordar esta cuestión es la constatación de una cultura democrática paupérrima. La confirmación de que el pasado seguirá condicionando el presente y el futuro de la credibilidad democrática en el Estado Español.