Ixone Fernandez y Karmele Urbistondo han valorado positivamente en rueda de prensa el compromiso adquirido por el Gobierno Vasco para celebrar el “Día Internacional en Apoyo a las víctimas de la tortura”. Pero han recordado que lo verdaderamente importante es actuar más allá de lo simbólico y reconocer de forma oficial a las víctimas de la tortura.
Este 26 de Junio, “Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura”, a iniciativa de las Naciones Unidas, cobra especial relevancia: el pasado día 20 de junio, el Parlamento Vasco aprobó una Proposición No de Ley instando particularmente Gobierno Vasco a sumarse a la iniciativa de Naciones Unidas de conmemorar este día. Mandato parlamentario que el Gobierno ya ha hecho suyo.
Esta es una excelente noticia a nuestros ojos, pues así contaremos con un mecanismo más mediante el cual poder situar el drama de la tortura en el mapa de la verdad de los sufrimientos vividos en Euskal Herria en el contexto del conflicto.
Pese a ello, consideramos que el deber institucional exige actuar más allá de lo simbólico.
Hemos reiterado en numerosas ocasiones que la realidad de la tortura, la falta de reconocimiento de sus víctimas y la impunidad de sus victimarios, son todavía hoy en día flagrantes.
El informe elaborado por el Instituto Vasco de Criminología, que fue presentado en diciembre del 2017, certifica académicamente que la tortura ha sido una practica sistemática. Solo en la CAV se han registrado ya 4.113 casos de torturas.
Este es el claro testimonio de un crimen impune, que pone de relieve como todos los que pudieron acabar con esta lacra, miraron hacia otro lado, permitiendo así que esta aberración contraria a los derechos humanos se haya perpetuado durante décadas.
A nosotras y nosotros no nos torturaron unos agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Ertzaintza que, motu propio, decidieron saltarse la Ley. Nos torturaron unos policías que actuaban en base a una estrategia de Estado de la que no solo ellos eran participes (los ejecutores materiales de la tortura) sino también:
Los partidos políticos que aprobaron legislaciones de excepción y que apoyaron la incomunicación de los detenidos.
Los jueces que miraban a otro lado frente a las sistemáticas denuncias de torturas, y que como en varias ocasiones ha certificado el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, jamás realizaron investigaciones reales y efectivas.
Los médicos forenses, pieza clave para encubrir lo que realmente sucedía.
Los medios de comunicación, que acallaron las denuncias no sólo de las personas torturadas sino también de tantos y tantos organismos internacionales (Amnistía Internacional, Naciones Unidas…).
Hoy queremos decir que nos preocupa ver cómo fuerzas políticas a las que directamente interpelan los datos del informe niegan su contenido y hablan de la tortura como algo ajeno a Euskal Herria, o se colocan de perfil, como si no tuvieran responsabilidades que asumir.
Hay responsabilidades políticas que nadie ha asumido aun. El Partido Popular y el Partido Socialista tienen deben hacer ese ejercicio con respecto a las épocas en las que ostentaron responsabilidades de Gobierno, al igual que lo debe hacer el Partido Nacionalista Vasco, pues el Informe sobre la tortura en la CAV certifica la existencia de al rededor de 300 casos de torturas practicadas por la Ertzaintza.
La tortura es una grave vulneración de derechos humanos, absolutamente prohibida por la legislación internacional y que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia.
Así, creemos que más allá de actos simbólicos, que evidentemente pueden resultar de ayuda, lo que verdaderamente debe motivar nuestro trabajo a futuro debe ser la enorme deuda hacía las víctimas de la tortura, que merecen verdad, justicia y reparación al igual que todo el resto de personas que han sufrido vulneraciones graves de derechos humanos.
Por todo ello:
Exigimos que se adopten medidas concretas, como las recomendadas en el Informe sobre la tortura en Euskadi, o por los relatores de Naciones Unidas contra la tortura, por ejemplo, que reconozcan a las víctimas de la tortura de forma oficial y que garanticen de forma efectiva la no repetición de la misma.
Exigimos espacio en las políticas públicas de memoria, donde la tortura debe constar de forma clara como una violencia contraria a los derechos humanos, ilegal, ilegítima y prohibida, que ha sido utilizada en el caso del conflicto vasco, y que ha sido ejercida por la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza, tanto en la época de la dictadura, durante la denominada “transición”, en el periodo democrático.
Conminamos a las instituciones de Euskal Herria a que continúen investigando cuál ha sido la dimensión real de la tortura, tanto en la CAV como en Nafarroa. En este sentido, quisiéramos destacar, de forma específica, la necesidad de investigar las circunstancias en las que 14 personas han perdido la vida mientras se encontraban bajo custodia policial, y que esas personas sean explícitamente reconocidas como lo que son: víctimas mortales de la tortura.
Conminamos a los partidos a los que directamente interpela el “Informe sobre la tortura en la CAV” a asumir sus responsabilidades.
Para terminar, quisiéramos hacer un llamamiento a las miles de personas torturadas en este pueblo, en especial a aquellas que lo fueron entre los años 1960 y 1999, para que soliciten al Gobierno Vasco que la vulneración de derechos humanos que sufrieron sea reconocida al amparo de la nueva Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos.
Desde Egiari Zor Fundazioa estamos dispuestas a ayudaros con las tramitaciones necesarias. Para ello, solo tenéis que poneros en contacto con nosotras mediante la dirección de correo electrónico info@egiarizor.eus o llamando al teléfono 944 045 363.