38 y 33 años han pasado ya desde que nos arrebataran a Santi y Josu.

Pronto se cumplirá medio siglo de aquellas primeras acciones de grupos armados vinculados al Estado, predecesores de los GAL y que dejaron un largo reguero de dolor, sufrimiento e impunidad en las calles de Euskal Herria.

Las que tenemos ya cierta edad, hemos escuchado tantas veces el dogma de que combatieron la violencia con los instrumentos del Estado de Derecho, que resulta sorprendente, el cambio de paradigma que a este respecto ha supuesto que un ex alto cargo del Gobierno de Felipe González reconozca abiertamente que utilizaron la guerra sucia (aunque nadie se de por aludido). Que confiese delitos por los que nunca fue juzgado y que se sitúe en cierta cúspide orgánica dentro de esa trama, confesando que él daba órdenes y que mercenarios y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado las acataban.

Lo más perverso de las declaraciones de personajes como Barrionuevo, es que no las realizan desde una perspectiva de reparación moral hacia sus víctimas o con intención de arrojar luz sobre hechos oscuros, no. Lo hacen para reafirmarse en el convencimiento de que hicieron lo que tenían que hacer, y lo hicieron porque podían.

Ya alertamos del peligroso mensaje que se estaba lanzando al realizar permanentemente exigencias de autocrítica en una única dirección. Lo dijimos en reiteradas ocasiones: a los responsables de nuestro sufrimiento nadie les dirige exigencias éticas, ni de ningún tipo. Y denunciamos que en el fondo de esta cuestión anidaba la pretensión de reforzar el discurso legitimador de la violencia del Estado.

No nos equivocábamos.

Que a nadie extrañe ahora, que salgan algunos enorgulleciéndose y haciendo apología de lo que ha sido terrorismo de Estado.

Terrorismo de Estado que no fueron solo los GAL o los grupos armados creados durante los gobiernos de Suárez. Terrorismo de Estado ha sido también poseer la maquinaria necesaria para ejercer la tortura durante décadas contra miles de ciudadanos, causando incluso la muerte a 14 personas.

Es también ostentar el poder de decidir entre, detener y poner a disposición judicial a quienes están cometiendo una actividad delictiva, o directamente volarlos.

Terrorismo de Estado es también disparar fuego real contra manifestaciones o asambleas de trabajadores.

Y lo es, poseer los medios para cubrir toda esta basura de impunidad.

Por eso tenemos que explicar que aunque son bienvenidas y agradecemos las reacciones de rechazo realizadas estos días por una amplia mayoría política en Euskal Herria, para nosotras son insuficientes.

Porque las condenas realizadas de forma genérica, como si el Sr. Barrionuevo no hubiese formado parte de un Ejecutivo y de un partido, son una forma de eximir de responsabilidad política a quien la tiene. Porque el rechazo a lo que significaron los GAL, como si estos hubiesen aparecido por generación espontánea es hoy un burdo intento de tomarnos el pelo. Porque es la manera de no tener que asumir responsabilidad política alguna.

Pero tenemos que recordar que ese mismo ministro, de ese mismo gobierno y en esa misma época de la que habló para el País, instauró el Plan ZEN en el sur de Euskal Herria. Un plan pactado mucho antes con la UCD como respuesta a un casus belli nacional, a una razón de Estado, y que incluía ideas tales como “desarrollar la manipulación psicológica sobre la población vasca” o “Basta que una información sea creíble para que pueda ser explotada”.

Y qué casualidad, que al las pocas semanas de presentar el Plan ZEN, hacen aparición los GAL. Y que casualidad que los casos de tortura se disparan, que empiezan a reproducirse muertes violentas bajo el subterfugio de muerto en enfrentamiento con las FSE o en dudosas circunstancias. Pero claro, basta que una información sea creíble...Y Mikel Zabalza se tiró esposado por el túnel de Endarlatsa…

Hace 25 años se llegó a abrir una comisión parlamentaria sobre los GAL, pero cuando un general amenazó con contar todo lo que sabía de la guerra sucia desde la UDC al PSOE, se cerró automáticamente. No ha habido jamás interés por llegar a la verdad de esta cuestión, ni política, ni judicial. Nunca. Y parece que el blindaje de la Ley de Secretos Oficiales, seguirá todavía por muchos años.

Esta es la posición, cerrar filas ante la posibilidad de que entre algo de aire a las cloacas. Normalización institucional, política y social de la impunidad. Porque esta ha sido la conclusión general en términos judiciales de la mayoría de crímenes de Estado. Impunidad, que ha creado en muchas de nosotras la convicción de que la “injusticia española” es también responsable de la tragedia humana vivida.

Debería haber una reflexión general, sobre el modelo de justicia aplicado al contexto del conflicto. Un modelo de justicia de un desequilibrio absoluto, que vierte todo el peso de la ley sobre unos agentes violentos, ampliándolo hasta la cadena perpetua y en cambio a otros agentes violentos, en particular a los responsables de nuestro sufrimiento, los cubre de impunidad. ¿Es este un modelo justicia válido en un Estado que se denomina democrático y de Derecho?

Desde luego que para nosotras no lo es. Ignorar unas responsabilidades y consecuencias derivadas de graves violaciones de DDHH y pretender perpetuar otras, no responde a una justicia igualitaria e imparcial, sino a una justicia de parte que actúa o no, en función del origen de la violencia ejercida.

Nosotras abogamos por un modelo de justicia que nos tenga en cuenta, que de respuesta a los derechos de las víctimas sí, pero que a su vez sea capaz de responder a la necesidad de llegar a un escenario de convivencia que supere las consecuencias generadas durante décadas de violencia.

Porque no nos engañemos, la realidad que vivimos hoy a este respecto, no es la que busca construir un marco integral de convivencia democrática, sino la que intenta imponer un marco convivencial basado en el esquema de vencedores y vencidos, legitimando la violencia del Estado y reforzando la impunidad de sus responsables.

En nuestra opinión, el concepto de convivencia democrática, exige superar las consecuencias de la confrontación armada, garantizar todos los derechos de todas las personas, pero también abordar las causas de un conflicto de naturaleza política que continua vigente. Porque una sociedad que aspira a desarrollarse sobre unos parámetros de convivencia democrática, debe necesariamente, poder ejercer el derecho a decidir libre y democráticamente su presente y su futuro.

La credibilidad democrática debería estar por encima de viejas idolatrías, de antiguas auras que hoy se tornan vergonzosas. Creemos que esa credibilidad, exige asumir y reconocer de una vez por todas, las responsabilidades políticas de transgredir la legalidad democrática, vulnerando DDHH con objeto de combatir un proyecto político legítimo al amparo de una supuesta estrategia de lucha contra ETA. El proyecto de Santi, de Josu, de tantas y tantos que ya no están. El mismo que hoy nos reúne aquí.

Ningún partido político, ningún gobierno, ni ninguna institución del Estado, ha dirigido aún una declaración de reconocimiento del daño causado a las víctimas del Estado.

Confrontar con el fundamento democrático sobre el que un Estado ostenta el monopolio de la violencia legítima, no debe ser fácil.

Pero creemos que ha llegado el momento de hacerlo.

Reiteramos nuestra demanda al Gobierno del Estado Español, a que realice una declaración inequívoca de asunción de responsabilidades y de reconocimiento del daño causado;