Este año es el segundo que contamos ya entre nuestras manos con el informe sobre la tortura en la CAV, que da veracidad a las denuncias de, por lo menos, 3.415 personas mediante la aplicación del Protocolo de Estambul. La radiografía que recoge el mismo es aterradora: es el claro testimonio de un crimen, impune y sistemáticamente perpetrado durante el Franquismo, la mal llamada Transición y el periodo "democrático" por parte de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza. Una verdadera cicatriz vergonzante en el rostro de cualquier Estado que se quiera denominar de derecho.

Es, por lo tanto, el segundo año en el que el relato del drama sufrido por tantas y tantas personas cuenta con un aval académico e institucional. Pero aún hay mucha labor por hacer. Por ejemplo, todavía son muy escasos los casos en los que las víctimas de la tortura han recibido reconocimiento oficial: tan solo 31 personas han sido consideradas mediante una sentencia judicial como “víctimas de la tortura”; y, por lo demás, sólo los testimonios de unos pocos casos (72, en concreto) de entre los años 1960 y 1978 han sido considerados veraces por parte del Gobierno Vasco. Se trata tan solo del 3% de las personas que el informe oficial enumera.

Por otro lado, aún no ha habido reconocimiento institucional explícito de las personas víctimas de la tortura, ni tan siquiera a nivel simbólico. Y continúan pendientes de investigación muchos casos: las torturas en época franquista, los casos de muertes producidas a consecuencia de la tortura, los casos referentes a Navarra… En este último caso, resulta especialmente contradictoria la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de revocar la subvención para investigar los casos de tortura, cuando ya existían evidencias de, por lo menos, 292 casos, que fueron excluidos del informe de la CAV por razones de ámbito geográfico. Señal de que las instancias judiciales, como otras tantas, se sienten también incomodas antes estas verdades.

La tortura ha supuesto uno de los mayores dramas vividos en el contexto del conflicto político vivido en nuestro pueblo. Euskal Memoria Fundazioa contabiliza en, por lo menos, 4.643 el número de personas que han sufrido esta grave vulneración de derechos humanos. Si a esta cifra le sumamos la de las perdidas humanas provocadas por todos los agentes que se han valido de la violencia (cifra que debiera ser cercana a las 1.200 muertes), obtendremos una fotografía clara: la de una sociedad que necesita sanar sus heridas y comenzar a convivir.

Ha llegado la hora de reconocer todo lo sucedido, para así garantizar de forma efectiva que no volverá a repetirse nada parecido nunca jamás. Es hora de dotar a las víctimas de la tortura de los recursos médicos y asistenciales necesarios para tratar de sanar las heridas. Es hora de adoptar las medidas necesarias para erradicar esta lacra que atenta contra los derechos humanos. Es hora de investigar todo lo que aún hoy día desconocemos, con todos los medios a nuestro alcance.

En definitiva, ya es hora de dejar de tratar a las víctimas de la tortura como víctimas de segunda, y reconocerlas, de una vez por todas, como lo que son: víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos.

Por ello, este día, hacemos un llamamiento a nuestros Gobiernos y a las personas que en nuestras instituciones nos representan, a que hagan suyos estos compromisos, y hagan posible así poder continuar avanzando en la senda de construcción de la nueva convivencia que venimos recorriendo los últimos años.

Sandra Barrenetxea

Unai Romano