Ha llegado la hora de abrir el debate sobre cómo reconocer y reparar las muertes que los largos años de excepcionalidad penitenciaria han provocado de forma directa e indirecta

Etxerat y Egiari Zor hemos ofrecido una rueda de prensa conjunta hoy en Bilbao para interpelar a las instituciones, responsables políticos y sociedad civil vasca sobre esta cuestión.

Texto de la rueda de prensa:

Ofrecemos esta rueda de prensa en conjunto dos organizaciones sociales que trabajamos en el ámbito de la resolución de las consecuencias del conflicto político vasco, pese a que nuestros cometidos son distintos: Etxerat es la asociación que reúne a las y los familiares y allegados de personas presas, exiliadas y deportadas. Por su parte, Egiari Zor Fundazioa trabaja a favor de los derechos de las víctimas que han sufrido la violencia de estatal en sus múltiples formas.

Lo que hoy nos reúne en torno a esta mesa es un objetivo común que relaciona la labor de ámbas organizaciones: la necesidad en este nuevo tiempo de construcción que vive Euskal Herria de dotar de los derechos que les corresponden a las personas que han sufrido la violencia ocasionada por la excepcionalidad penitenciaria de forma directa e indirecta.

Euskal Herria vive un nuevo tiempo, un tiempo de construcción. Los pasos que se han venido dando, en gran medida, gracias al impulso de organizaciones de la sociedad civil como las que representamos durante esta última década han abierto una ventana de oportunidad, y nos han situado en un nuevo escenario donde la construcción de la convivencia del futuro es la prioridad absoluta para todas nosotras. Estamos sentando las bases de una nueva sociedad, donde todas las personas sean dueñas de los derechos que les corresponden y donde garanticemos que nada parecido a lo que hemos sufrido volverá a repetirse. Todo eso, creemos, será posible mediante un instrumento de un potencial incalculable, como es la memoria.

Para ello, indudablemente, es necesario cerrar las consecuencias de largos años de conculcación de derechos. Ahí se situa la labor de las organizaciones a la que representamos.

Es innegable que se ha iniciado una dinámica de cambio en lo que respecta a dotar a todas las víctimas de los derechos que les corresponden y terminar con la excepcionalidad penitenciaria. Tenemos, por primera vez, leyes de reconocimiento tanto en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa como, esperemos, en Nafarroa; informes que mediante protocolos internacionalmente avalados certifican el número de personas torturadas durante los últimos 60 años; avanzamos, poco a poco, hacia el fin de algunas de las medidas que sostienen la excepcionalidad, cada semana se producen nuevos traslados y repatriaciones.

Pero es igualmente innegable que nos llevará todavía mucho tiempo que a las presas y presos vascos se les aplique la legislación ordinaria y que puedan obtener permisos y lbertades condicionales. Sigue habiendo personas presas con largas condenas que padecen enfermedades graves e incurables; la Ley 7/2003 sigue suponiendo un bloqueo para la humanización de la política penitenciaria, como viene demandando la mayoría política vasca; las víctimas del Estado siguen siendo revictimizadas al verse obligadas a pelear un trato equitativo por la vía judicial, sin ser correspondidas en la gran mayoría de las ocasiones; las leyes aprobadas por los ejecutivos de Gasteiz eta Iruñea no garantizarán al conjunto de víctimas el derecho a la justicia y un trato no discriminatorio; e, indudablemente, muchas de ellas seguirán sin reconocimiento ninguno.

Nos referimos, en este último caso, a las victimas mortales que los largos años de excepcionalidad penitenciaria han provocado de forma directa e indirecta: en las últimas 6 décadas han perdido la vida 35 presos políticos vascos (13 desde 2011) y 16 familiares y/o amigos de estos. Además, otras dos personas se quitaron la vida para evitar el ingreso en prisión.

Todas estas muertes tienen algo en común: en todas ellas la aplicación de medidas políticas excepcionales ha sido determinante. En todas ellas ha existido una decisión política, o una omisión de responsabilidades, que ha motivado una violencia que, de forma directa o indirecta, ha afectado a estas personas:

• dispersión y alejamiento premeditado de las personas presas;

• negación de la atención sanitaria debida;

• dificultades para recibir los tratamientos debidos;

• dilaciones indebidas para hospitalizaciones o intervenciones;

• aplicación tardía y arbitraria de protocolos frente a enfermedades incurables;

• duras condiciones de vida en regímenes cerrados, aislamiento prolongado.

Garantizar que nada parecido a lo que hemos sufrido en el pasado es la mejor base sobre la que construir la convivencia del futuro. Y ello, sólo será posible mediante la memoria, mediante una memoria crítica inclusiva, que tome en consideración todo lo que ha sucedido y todo lo que hemos sufrido, también estas muertes.

Es tiempo de acometer este debate. Hoy existe una mayoría política y social dispuesta a ello. Una mayoría que ha acordado ya un primer paso (la totalidad de sindicatos también se ha sumado): los plenos municipales de Lasarte-Oria, Soraluze, Tolosa, Getxo, Laudio, Zierbena, Otxandio y Ugao (ya antes ocurrió en Iruñea y Berriozar) han aporbado el reconocimiento simbólico del sufrimiento padecido por las y los familiares de las personas presas con motivo del alejamiento y la dispersión.

En ese sentido, también queremos dar a conocer que en el marco de la Ley de reconocimiento y reparación a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos practicadas por el Estado del Gobierno Vasco hemos presentado las solicitudes de las personas muertas por la dispersión correspondientes a los años en los que está abierta la convocatoria (1979-1999), a sabiendas de que la Ley no está expresamente dirigida a reconocer y reparar estos casos hoy por hoy.

Lo hemos hecho, precisamente, porque consideramos que ha llegado el momento de hacer frente al reto que plantean las muertes que los largos años de excepcionalidad penitenciaria han provocado de forma directa e indirecta. Hoy, demandamos que es necesario abrir el debate sobre cómo ofrecer a estas reconocimiento oficial e institucional y reparación, más allá de iniciativas simbólicas.

Estas muertes pudieron haberse evitado. Si los derechos humanos hubieran prevalecido por encima de la venganza, el castigo añadido o la seguridad, la realidad hubiera sido bien distinta. La política penitenciaria de excepción ha generado muertes, y estas también deben tener su lugar en el mapa de la memoria, para que podamos continuar construyendo juntas la convivencia del futuro.