Ya es hora de saber la verdad
Ya es hora de que conozcamos la verdad que rodeó la muerte de Josu Zabala. La versión oficial emitida sobre el caso no coincide con las conclusiones de la investigación judicial abierta. A pesar de ello la falsa teoría del suicidio permanece vigente.
En el contexto del conflicto en Euskal Herria, muchas personas han perdido la vida como consecuencia de largas décadas de violencia y confrontación armada. En nuestra geografía han coexistido diversas violencias que han provocado miles de violaciones de los derechos humanos, generando mucho dolor y sufrimiento.
Algunas de las personas que padecieron vulneraciones de derechos humanos han sido reconocidas y pudiedo ejercer los derechos que la Ley les otorga. Sin embargo, para la mayoría de las que sufrimos la violencia ejercida por el Estado, el punto de partida es muy distinto; tras muchos años de negación, seguimos luchando por establecer la verdad de lo que nos hicieron, para que cada muerte y cada violación de los derechos humanos, sea oficialmente censada, reconocida y reparada sin excepción.
Hablamos de víctimas de violencia policial, la extrema derecha, la guerra sucia, la política penitenciaria de excepción, la tortura, desapariciones forzosas o supuestos enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Porque en demasiados casos, la versión oficial construida para justificar a acción policial, para presentar algunas muertes de “naturales” o para responsabilizar al fallecido de su propia muerte, ha servido para ocultar verdaderos crímenes.
Como el de Mikel Zabalza, al que mataron en el cuartel de Intxaurrondo; el de Mikel Castillo, disparado por la espalda; Peio Mariñela, muerto como consecuencia de la política penitenciaria de excepción; Germán Rodríguez, asesinado por la Policía en San Fermines; Mikel Arregi, tiroteado por la Guardia Civil... y un largo etcétera.
No es de extrañar, por tanto, que en muchos casos la verdad de lo ocurrido esté rodeada de sombras e interrogantes sin aclararr. De hecho, el ejercicio del derecho a la verdad no es posible si no está vinculado a una investigación eficaz y al acceso a una información adecuada. Lamentablemente, en torno a estos casos, las investigaciones que se puesieron en marcha, fueron muy deficientes; con denegación de pruebas testificales en algunos procedimientos, dilaciones indebidas, trabas, obstáculos e incluso haciendo desaparecer, en algún caso, pruebas periciales: obstaculizando el camino hacia la verdad de lo ocurrido y posibilitando la impunidad de los responsables.
Y esta, sin duda, es una cuestión fundamental para entender por qué a día de hoy, seguimos trabajando para establecer la verdad sobre muchas de las muertes y violaciones de derechos humanos causadas por el Estado.
Esta es la razón que nos trae hoy a Etxarri, en torno a la figura de Josu Zabala Salegi. Se cumplen 25 años de su muerte, 25 años desde que se construyera una versión oficial humillante y que en ningún caso aclara las circunstancias de su muerte. Tenemos demasiadas preguntas y nadie las ha contestado aún;
La documentación que podría aclarar estos casos, continua a día de hoy blindada por una ley preconstitucional. Que la derogación de la Ley de Secretos Oficiales no sea ya una realidad es una prueba más de la deficiente calidad democrática vigente y de la falta de voluntad política para esclarecer estos y otros muchos casos; ocurridos durante el franquismo, la transición y en esta supuesta democracia.
La presente Ley establece: “proteger de personas no autorizadas las materias, actos, documentos, informaciones, datos y objetos que puedan perjudicar o poner en peligro la seguridad y la defensa del Estado ". ¿Qué ocultan en los cimientos del Estado de Derecho? ¿No será, que lo que está en peligro es la credibilidad del propio carácter del Estado?
Porque saldría a la luz la verdad sobre la transición, la guerra sucia, el 23F, el plan ZEN, el informe Navajas, o los GAL... Conoceríamos la verdad sobre las muertes de Etxebarrieta, Luzia Urigoitia, Antón Fernández o Josu Murueta; Blanca Salegi, Ttotto Geresta y los 4 jóvenes de la Bahía de Pasaia... del caso Almería, de los trabajadores del 3 de marzo, de los asesinados en el Bar Aldana... tendríamos la oportunidad de conocer la verdad sobre Gurutze Iantzi o Kalparsoro; sabríamos dónde tienen a José Miguel Etxeberria... Y quizá también la verdad sobre la muerte de Josu Zabala Salegi.
Lo que está claro es que esta Ley de 1968 sigue siendo un mecanismo legal que cercena nuestro derecho a la verdad. Asimismo, sirve para perpetuar la impunidad de aquellos a los que ya protege y ante posibles nuevas comisiones o comportamientos contrarios a los derechos humanos la posibilita.
Pretenden normalizar la impunidad existente en torno a las vulneraciones de derechos humanos sufridas por nuestros familiares, con objeto de minimizar las consecuencias derivadas de la violencia de Estado, de difuminar responsabilidades y difundir la idea de que la violencia que nos golpeó fue legítima.
No lo olvidemos: son graves violaciones de derechos humanos y la supuesta seguridad nacional no puede ser una coartada para ocultar delitos o violaciones de derechos humanos, no puede ser una excusa para no depurar responsabilidades.
Queremos expresar con claridad que con absoluta determinación, seguiremos buscando, difundiendo y recordando la verdad sobre la muerte de nuestros familiares.
Hace a penas dos días conmemoramos el día internacional del derecho a la verdad; la verdad se constituye en un derecho individual y colectivo, que atañe a quienes han sufrido la vulneración de sus derechos, a los familiares de los fallecidos y al conjunto de la sociedad al ser un elemento imprescindible para construcción de la convivencia en términos democráticos. Por todo ello, las garantías de no repetición así como las políticas públicas de memoria han de pivotar también, inequivocamente, sobre la verdad.
Han pasado 25 de la muerte de Josu... es hora de saber la verdad.
