Tenemos derecho a saber la verdad.

Exigimos se abra, de una vez por todas, una investigación eficaz que acabe, tras largas décadas de silencio e impunidad, con las sombras e interrogantes que faltan por aclarar en relación a la guerra sucia del Estado.

Bego Galdeano y Ane Muguruza en una comparecencia anterior

Ante la revelación del contenido de las conversaciones mantenidas entre el ex director del CESID y el ex ministro de interior Antoni Asunción, en las que se apunta la responsabilidad de Jose Luis Corcuera, ministro de interior del Gobierno de Felipe González, con el envío de cartas bomba, entre ellas, la que segó la vida del joven cartero de Errenteria José Antonio Cardosa:

Egiari Zor Fundazioa,

• Apremia a las instituciones que corresponda a tomar las medidas oportunas con respecto al ex ministro Jose Luis Corcuera, en relación a la información detallada por altos cargos de Estado, revelada ayer por un medio de comunicación.
• Exigimos se abra, de una vez por todas, una investigación eficaz que acabe, tras largas décadas de silencio e impunidad, con las sombras e interrogantes que faltan por aclarar en relación a la guerra sucia del Estado.
• Así mismo, exigimos que se cumpla con los principios democráticos y se derogue la Ley de secretos Oficiales que blinda como asunto de estado, información sobre numerosas violaciones de DDHH auspiciadas o dirigidas desde distintos aparatos estatales; y se reconozca y repare a las víctimas generadas sin discriminaciones.

Instituciones que se dicen democráticas no pueden ser conniventes con una Ley que oculta crímenes y con un pacto de silencio que cubre de impunidad a los responsables de asesinatos como el de Cardosa. La credibilidad democrática de las instituciones del Estado, el compromiso con los DDHH de todas las personas, parecen aun a día de hoy una quimera.

Es gravísimo el Estado haya utilizado el terrorismo para asesinar y vulnerar derechos humanos impunemente y que, además, continúen negándonos el derecho a saber la verdad. Desde Egiari Zor Fundazioa exigimos que se encare con honestidad democrática esta cuestión.

Sabemos que es una cuestión de voluntad política, pero también sabemos que cuando no se quiere desclasificar información sensible, cuando se evita investigar, es porque existe un deseo expreso de continuar ocultando la verdad, de perpetuar la impunidad y de no asumir las responsabilidades políticas de esta trama de Estado.

La asunción de responsabilidades por parte del Estado es fundamental e imprescindible para garantizar el pleno ejercicio de la memoria democrática sobre la que debemos construir la convivencia futura. Es una deuda histórica no solo con las víctimas, sino también con la propia democracia.

 Ya es suficiente. Tenemos derecho a saber la verdad.